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Cuestiones legales relevantes

Cuestiones previas y relevantes al inicio de las audiencias en el proceso penal contra Alberto Fujimori Fujimori.

Las últimas semanas de noviembre se sucedieron acontecimientos relacionados en mayor o menor medida con el futuro juzgamiento de Alberto Fujimori, acá presentamos algunos hechos relevantes:

 

1. Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo y con carácter de urgente, para la simplificación de juicios orales.

La primera semana de noviembre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso, con firma del Presidente de la República y del Primer Ministro, el proyecto “Ley de simplificación de juicio oral”.

Este proyecto propone las siguientes modificaciones al Código de Procedimientos Penales (norma procesal que regula el juicio oral):

Norma procedimental:

Artículo 234.-En el día y hora señalados, presentes el Fiscal, el acusado, en los casos en que sea obligatoria su concurrencia, y el defensor, el Presidente del Tribunal declarará abierta la audiencia, la que continuará durante las sesiones consecutivas que sean necesarias, hasta su conclusión.

Modificación:

“el acusado no podrá alejarse sin permiso de la sala; sin embargo, una vez escuchada la formulación de cargos y por razones justificadas podrá autorizársele el permiso, en cuyo caso será representado por su defensor“, además “si el acusado ha prestado su declaración en el juicio oral o se acoge al derecho de guardar silencio y deja de asistir a la audiencia, esta continuará sin su presencia y será representado por su defensor“.

Norma procedimental:

Artículo 256.- Examen especial de testigos y de acusados: 1. La Sala, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar que un testigo declare sin ser escuchado por los otros, o que sea examinado delante de uno o más testigos determinados. 2. La Sala, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar que el acusado no esté presente en la audiencia durante un interrogatorio, si es de temer que otro de los acusados o un testigo no dirá la verdad en su presencia. De igual manera, se procederá si, en el interrogatorio de un menor de edad, es de temer un perjuicio relevante para él, o si, en el interrogatorio de otra persona como testigo, en presencia del acusado, existe el peligro de un perjuicio grave para su salud. Tan pronto como el acusado esté presente de nuevo, la Sala debe instruirle sobre el contenido esencial de aquello que se ha dicho o discutido en su ausencia.

Modificación:

Si el acusado “no puede asistir al interrogatorio por razones de salud, de seguridad o de otra causa justificada, [la sala] ordenará su actuación a través del sistema de video conferencia u otro sistema de reproducción a distancia”.

Cabe señalar que de si se aprueba este proyecto de ley, las modificacioes serían implementadas en el juicio a Alberto Fujimori. Esto, a su vez permitiría que:

  • Fujimori esté ausente en las audiencias del juicio oral y que se ausente de los interrogatorios de otros acusados, testigos y peritos, podría, también, celebrarse audiencias públicas sin el acusado y Fujimori no tendría que dar la cara a su ex asesor Vladimiro Montesinos, al general Hermoza Ríos ni a los integrantes del destacamento Colina.
  • Que los testigos no asistan a la sede del tribunal. Permitiría, por ejemplo, que Montesinos, Hermoza Ríos o cualquier otro testigo, declare por teleconferencia en los juicios contra el ex presidente.

No se precisa las circunstancias que justifiquen esta variación sustancial de las reglas del proceso penal y solo se menciona que deben existir “razones justificadas” o “causa justificada” para que se permitan estas posibilidades.

 

2. Anuncio del presidente Alan García Pérez sobre la publicación de nombres de personas excarceladas por terrorismo

El 19 de noviembre, debido a que los ataques perpetrados contra la Policía Nacional del Perú en el Valle del Río Apurimac y Ene (VRAE) – una de las zonas más pobres del país y que es usado como vía de tráfico de droga – se deberían a un supuesto “rebrote senderista”, el presidente Alan García Pérez anunció la publicación de una lista con 1,800 subversivos que, luego de haber cumplido su condena, han abandonado la cárcel los últimos años. Esto se haría con el interesante fin de que la población hiciera labores de inteligencia casera, y por ende se evitara así la reincidencia en este tipo de delitos.

Posteriormente, el primer ministro, Jorge Del Castillo, manifestó: “Esto no viola los derechos humanos de nadie, una persona que ha atentado contra la vida de otras personas de manera cruel, premeditada, ha realizado crímenes selectivos, atentado contra el Estado de Derecho y la democracia en el Perú no es persona en la que se pueda confiar, así me digan que cumplió su condena o fue indultada…. Hablo de los culpables”, afirmó (el resaltado es nuestro).

De igual manera, el parlamentario oficialista, Mauricio Mulder, señaló que no desistirá en su intención de publicar una lista con la identidad de más de 3 mil excarcelados por terrorismo, y que viene realizando las negociaciones con el Ejecutivo para definir si ese Poder del Estado o su persona hacen efectiva dicha publicación.

       Código Penal peruano

       Artículo IX.- Fines de la Pena y Medidas de Seguridad

       La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.

Cabe señalar que el triunfo contra Sendero Luminoso y el MRTA se transformó en el lema principal de Fujimori en sus posteriores campañas de reelección. No obstante, Investigaciones posteriores, como la realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación demostraron que fueron otros factores los que acabaron con el fenómeno subversivo. A pesar de ello, Fujimori capitalizó ese resultado a favor de su gobierno:

“…el golpe contó con respaldo popular y la figura de Fujimori recibió el voto de confianza por un cambio. Para suerte del mismo, éste se produjo unos meses después cuando los policías de la DINCOTE lograron capturar a Guzmán, como producto de un prolongado y paciente trabajo en el que el nuevo gobierno no había influido de manera considerable. El gobierno se apropió del éxito policial, pasando a ser parte fundamental de su popularidad en los años siguientes.” (2.3. La década de los noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori. Capítulo 2. Los actores políticos e institucionales. Tomo III. Informe Final de la CVR).

 

3. El 26 de noviembre de 2007 se condenó con las penas más benignas, según las leyes peruanas, a los miembros del gabinete ministerial de Alberto Fujimori durante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y que decidieron permanecer en sus cargos a pesar de la ruptura del orden constitucional.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó por los delitos de rebelión y secuestro, a diez años de cárcel, la pena más benigna según el Código Penal peruano,  a Juan Briones Dávila, ex ministro del Interior, por haber participado en el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Dicho tribunal también sentenció como cómplices y dictó pena de prisión suspendida a los ex ministros Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Óscar de la Puente, Jaime Sobero, Alfredo Ross, Víctor Paredes y Augusto Antonioli. Todos deberán pagar de manera solidaria, tres millones de nuevos soles en reparación civil al Estado. Asimismo, cada uno de los ministros quedó inhabilitado para ejercer cargo público por el mismo plazo de su sentencia. Se reservó la sentencia a los ex ministros Augusto Blacker Miller, Fernando Vega y Víctor Malca, debido  su calidad de reos ausentes.

En el caso de  Alberto Fujimori, su condena dependerá si las autoridades judiciales chilenas incluyen el caso, luego de su extradición.

       Código Penal peruano

       Artículo 346.- Rebelión

     El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituído o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación.

     Artículo 152.- Secuestro

     Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.

4. Declaraciones realizadas como “abogado” por el Presidente del República, Alan García Pérez, sobre el caso Wolfenson.

Según Alan García: “El señor Wolfenson sólo es víctima de una venganza y persecución política. Creo, como abogado, que debería sumarse los tres años de prisión domiciliaría que cumplió con los tres de cárcel efectiva que purga para dar por concluida su condena de cuatro años.”

Estas declaraciones las dio García a pesar de estar en contradicción con lo manifestado por el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución Política del Perú, el cual ha manifestado en reiterada jurisprudencia que no es posible equiparar el arresto carcelario con el arresto domiciliario.

Cabe señalar que el señor Moisés Wolfenson fue sentenciado por haber recibido dinero del Estado para apoyar, a través de sus medios de comunicación, el régimen de Fujimori. El Poder Judicial le imputó los delitos de complicidad de peculado, asociación ilícita para delinquir y delito contra la tranquilidad pública.