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Análisis legal de Jim Manahan

James H. Manahan es abogado litigante en Mankato, Minnesota, Estados Unidos de Norteamérica. Se ha especializado en procesos civiles y penales durante 45 años y recientemente fue nombrado dentro de los “Top 10” abogados del estado de Minnesota. Fue director de noticias de la revista “Human Rights” de la American Bar Association y miembro de la directiva de la American Civil Liberties Union (ACLU). Durante los últimos seis años el señor Manahan ha enseñado las destrezas del juicio oral en escuelas de derecho en Chile, Argentina y Costa Rica, y también dio conferencias en escuelas de derecho en Perú, México, Ecuador y Cuba. Actualmente funge como observador de derechos humanos en el proceso penal contra el ex Presidente Alberto Fujimori en Lima, Perú, por parte del Praxis Institute for Social Justice y el International Senior Lawyers Project.

 

Comentarios de Jim Manahan

Relaciones exteriores (21 marzo, 2008)

            El juicio a Fujimori proporciona muy buenas noticias  que hablan a favor  del Perú en el escenario internacional.  No sólo que el ex presidente está a prueba por sus presuntos crímenes, sino que el mundo entero está al día que esto sucede.  Pase lo que pase como resultado en el juicio, el debido proceso de la ley ha sido observado y el Perú ha demostrado a todos que su sistema de justicia funciona.

            El presidente del Perú, Alan García, estuvo en Japón esta semana para firmar unos acuerdos económicos.  Japón va a dar al Perú un crédito por 230 millones de dólares para electrificación y obras de agua potable y desagüe.  Esto representa un cambio enorme en las relaciones entre los dos países, ya que hace poco Japón rechazó extraditar a Alberto Fujimori al Perú para hacer frente a los cargos penales.  A continuación  lo que dijo el presidente García en Tokio el lunes pasado:

            “¿Por qué hay tan poca inversión japonesa en el Perú?  Esto puede deberse al terrorismo.  Pero también al enfriamiento que hubo en las relaciones por el tema Fujimori, lo cual me parece un error . . . .  El capítulo [de lejanía entre ambos países] se cerró.  Las entidades y el Gobierno Japonés saben que en el Perú hay un juicio objetivo contra Fujimori, porque los jueces están juzgando los hechos.”

            En otras palabras, ya que el gobierno japonés sabe que Fujimori recibe un juicio justo en el Perú, es posible reanudar las relaciones buenas entre los dos países. 

            El presidente García continuó con este tema el martes:   “Las autoridades y el pueblo japonés saben que en el Perú hay un juicio objetivo, independiente de los poderes del Estado y del poder político, y que no se ejerce ninguna presión negativa porque los jueces, libres de opinión pública y tendencias políticas, deben juzgar hechos y darnos su resultado, que será respetado por todos los peruanos”. 

            Hay gente en el Perú que piensa que el juicio a Fujimori sólo es un ejercicio político, que es una pérdida de tiempo, y que sería mejor olvidar el pasado y pasar a otro tema.  Sin embargo, para el resto del mundo este juicio es una demostración muy importante que el Perú en efecto va adelantándose.  El seminario en el cual el presidente García hablaba se llamaba “Invest in Perú:  Business Hub in South America”.  Pocos empresarios van a invertir en un país que no tiene el estado de derecho, donde se soborna a los jueces y a la policía, donde las cortes no ejercen la justicia.  El juicio a Fujimori demuestra cada día que el Perú se encamina a ser un país donde imperen el estado de derecho y la justicia.  La comunidad internacional le observa con gran expectativa.  Enhorabuena para el Perú.

¿La cárcel para los FujiFans? (12 marzo, 2008)

Estimado Michael Baney:

Has levantado una pregunta legal interesante en cuanto a la ley peruana.  Como señala Ud., el Artículo 316 del Código Penal del Perú dice lo siguiente: “El que, públicamente, hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.”

Aunque el estatuto use las palabras “hace la apología”, se deben entender en el sentido de “hace una defensa”  en vez del sentido inglés de “lo siento”.

Sugiere usted que, puesto que Alberto Fujimori ya ha sido condenado y sentenciado a seis años de prisión, ahora es técnicamente ilegal según esta ley hablar bien de él.  Usted me pregunta: “¿Entonces la ley permitiría la detención en masa de fujimoristas?”  O, por lo menos, apunta usted, la ley “pondría legisladores fujimoristas en una posición extraña en la que serían censurados por violar la ley si en algún momento dijeran que cualquier acción para la que Fujimori está procesado fuera justificada.”

Primero, imagino que este estatuto sería interpretado estrechamente para castigar sólo una defensa directa de una acción criminal.  Por ejemplo, podría ser aplicado a una declaración que un hombre fue justificado en matar a su esposa porque ella cometió adulterio.  O decir que Fujimori justamente ordenó el registro ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, el 7 de noviembre, 2000, el crimen por lo cual ha sido convicto.  Las cortes del Perú probablemente dirían que no viola la ley argüir que Fujimori era, de balanza, un buen presidente.

Hasta esa aplicación limitada por cierto levanta cuestiones de la libertad de hablar.  En los Estados Unidos la Primera Enmienda a la Constitución protege fuertemente el derecho de todos para decir lo que quieren sobre crímenes y criminales.  Y en el Perú, el mismo derecho está encontrado en Artículo 2 de la Constitución de 1993:  “Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.”

Este derecho constitucional desde luego debe aplicarse a la expresión de una opinión que, por ejemplo, la matanza secreta de presuntos terroristas fue justificada en la lucha contra Sendero Luminoso.  Mucha gente con quien he hablado en el Perú me ha expresado este sentimiento.  Oí el mismo en Chile – “lo siento si algunos inocentes fueron matados por Pinochet, pero necesitábamos una mano dura al timón para enfrentar las amenazas extremamente peligrosas a nuestro país.”  Aunque nosotros que creemos en los derechos humanos y el estado de derecho odiemos oír opiniones como estas, la gente en una democracia debe estar libre para expresarlas.

Usted apunta que en los 1990, el entonces presidente Fujimori usó el Artículo 316 del Código Penal para enviar los simpatizantes del Sendero Luminoso a la cárcel y para cerrar El Diario, el periódico senderista.  Sería irónico, en efecto, si la administración actual usara la misma ley para encarcelar FujiFans (como prefiero llamarlos) para expresar sus opiniones.  Sin embargo, el hecho de que Fujimori violó la garantía constitucional de libertad de hablar, poco justifica violaciones adicionales ahora, aun contra personas que tienen opiniones que odiamos. 

Declaraciones incongruentes (3 marzo, 2008)

            El miércoles pasado en el juicio de Fujimori, Santiago Martin Rivas, presunto jefe del Grupo Colina, negó tajantemente la existencia del destacamento militar.  Sin embargo, el viernes en la corte vimos un video de una entrevista de dos horas que le hizo el periodista Umberto Jara en el 2002, en lo que Martin describió el manual de operaciones que autorizaba las actividades del Grupo Colina.

            “Existió una política de Estado para enfrentar al terrorismo, copiada de las técnicas y tácticas de los EEUU, llamada guerra de baja intensidad,” dice en el video.  Elaboró un manual de lucha estratégica contra el terrorismo que implicaba contestar los golpes militares del terrorismo con golpes secretos del Ejército, y afirmó que los hechos de Barrios Altos y La Cantuta formaron parte de ese plan y que fueron dados para enviar mensajes a Sendero Luminoso.  Fujimori aprobó la política.  “Para ser aplicada lógicamente se necesitaba el aval y el cúmplase de parte del gobierno . . . . Fue aprobada por la máxima instancia del Poder Ejecutivo, a través del presidente [Fujimori] como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y su asesor Montesinos”, dice en el video.

            Martin Rivas ahora dice que el video fue solo un “ensayo” para preparar su defensa (era prófugo en ese entonces).  Dice que estuvo repitiendo expresiones extraídas de libros y recortes periodísticos que le prestó Jara, y volvió a negar la existencia de Colina.           

            Obviamente el testimonio es incongruente, y se puede impugnar por mostrar que se contradice.  El uso de declaraciones incongruentes para demostrar que un testigo no es fiable es una técnica clave del contrainterrogatorio.

            Pero se levanta una pregunta legal interesante — ¿el fiscal puede usar sustantivamente las declaraciones previas, no juradas, para probar sus pretensiones?  ¿Los jueces pueden considerar el video como evidencia contra Fujimori, o solamente como impugnación de Martin Rivas?

            El abogado de Fujimori, César Nakazaki, afirma que no es evidencia.  “Tenemos dos testimonios de Martin Rivas contradictorios por lo que, deben excluirse y no sirven para la defensa ni para la acusación.  La única prueba es la que se escucha en el juicio”.  El fiscal supremo, José Peláez, expresó su asombro ante esa idea, señalando que fue el propio Nakazaki quien solicitó la presencia de Martin en el juicio, y diciendo que los jueces tendrán que valorar cuál de los dos testimonios tomarán en cuenta.  “Creo que esta audiencia marca un antes y un después de este proceso.  En el video, que ha podido ver todo el país, se pudo observar a Martin Rivas . . . reconociendo la existencia del grupo Colina y la responsabilidad de Alberto Fujimori.”

            La regla tradicional en países consuetudinarios ha sido que en el caso de un testigo que no es el acusado, se puede usar una declaración previa incongruente solamente para cuestionar la credibilidad del testimonio en la corte.  Sin embargo, en el caso de California v. Green, 399 U.S. 149 (1970), la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó que la Constitución permita que las declaraciones de un testigo pueden ser consideradas como evidencia siempre y cuando testifica en el juicio y puede ser contrainterrogado.  El testigo estará jurado, y los jueces pueden observar su comportamiento, según la Corte Suprema.

            El Perú sigue la ley civil de Europa, no la ley consuetudinaria que se basa en precedentes de las cortes.  No obstante, parece probable que los jueces que presiden el caso de Fujimori rechazarán el argumento de Nakazaki que las dos versiones contradictorias de Martin Rivas deban anularse.

El jefe del ejército (19 febrero, 2008)

            Ayer hubo un desacuerdo fuerte entre los dos testigos quienes testificaron en el juicio de Fujimori.

            El primer testigo, Ángel Pino Díaz, dijo que el ex presidente no formó parte de la cadena de mando ni de comando de la institución.

            El segundo, Hugo Coral Goycochea, testificó que el Grupo Colina era organismo del Ejército que respondió a una política del gobierno.  “El mayor Santiago Martin Rivas solo era un transmisor de órdenes . . . que provenían de una estructura que deviene de una política . . . de gobierno.  Todo se realizó bajo la dirección de la institución, no actuamos por nuestra cuenta”, enfatizó el agente.  Al responder a preguntas del abogado defensor, César Nakazaki, Coral dijo que su opinión está basada en su conocimiento de la constitución del Perú.

            Es verdad que la Constitución del 1993 hace claro que el Presidente es jefe del Ejército.  El Artículo 167°.dice que “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.” El Artículo 164° dice que “El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional.”  El Artículo 118° (14) dice que “Corresponde al Presidente de la República . . . organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas”.  El Artículo 98°  aun requiere al Presidente que ponga “a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.”

            La pregunta que surge entonces es si Alberto Fujimori, siendo el jefe del Ejército, puede ser condenado por actos criminales de un destacamento militar sin prueba de su responsabilidad directa.

            Parece injusto atribuir responsabilidad penal a alguien simplemente porque uno de sus empleados comete un crimen.  Por otro lado, una persona que tiene “la autoría mediata”, quien está al tanto de actos criminales de sus subordinados, y que no hace nada para impedir delitos adicionales, debe asumir la misma responsabilidad que las personas quienes en verdad “apretaron el gatillo”.

            Gloria Cano, una de las abogadas de la parte civil (de las familias de las víctimas), fue citada recientemente en La Primera, diciendo que Fujimori “sabía de la creación y el accionar del Grupo Colina. Esto califica como omisión, por no impedir las violaciones de derechos humanos”.  Por su omisión, ella dice que Fujimori recibiría una sentencia de 30 años.

 “Lo siento” (15 febrero, 2008)

            Varios miembros del Grupo Colina concluyeron sus testimonios en el juicio de Fujimori dirigiéndose hacia las familias de las víctimas y pidiendo perdón.  Esta semana Héctor Gamarra Mamani les dijo “Pido perdón a las familias de las víctimas de esta guerra y a mi propia familia por meterla en este problema por cumplir una orden superior”.

            Puesto que Gamarra ya ha sido sentenciado a 15 años de prisión por participar en la matanza de civiles en Barrios Altos y La Cantuta, aparentemente, su disculpa no fue motivada por la esperanza de recibir una sentencia reducida.

            Sin embargo, nos suena insincero cuando una disculpa está unida con una excusa.  Decir “Lo siento, pero . . .” es por regla general, un pretexto para culpar a  los demás por la conducta propia.  Y en este caso, decir “Lo siento, pero solo cumplía órdenes”, es pretender echar la culpa a quienes dieron las órdenes, de ese modo restar la propia culpa.

            Gamarra también testificó que “Luego del operativo de Barrios Altos estaba claro que la misión era eliminar.  Nunca se hicieron detenciones.  Después ya solo nos decían ‘vamos a realizar tal o cual operativo’ porque no se va a estar repitiendo a cada rato cuál es la misión y por orden de quién se realiza.”

            Además, confesó que una vez se le dio la misión de asesinar a Yehude Simon, un político izquierdista.  Estaba instalado en el segundo piso de un hotel en el Centro de Lima, a 80 metros del local donde se esperaba a Simon y tenía una ametralladora con mira telescópica y silenciador.  ”Estaba esperando la orden de ejecutar la operación pero esta no llegó.  Sosa [su jefe] nos ordenó replegarnos y me fui a mi casa”, refirió.

            ¿Qué debe hacer un soldado cuando sepa que lo envía para matar a un civil?  Después de la Segunda Guerra Mundial, la ley internacional dejó claramente establecida que la “Defensa de Núremberg” (“yo sólo cumplía órdenes”) no es una defensa a crímenes de guerra.  La Carta de Londres dice:- ”El hecho de que una persona actuó de acuerdo con orden de su gobierno o de un superior no lo redime de responsabilidad bajo la ley internacional, si había de hecho una alternativa moral posible para él.”

            Una orden ilegal presenta un dilema del cual no hay escape legal.  Quienes se nieguen a cumplir esa orden ilegal probablemente serán encarcelados o fusilados, y entonces el oficial superior simplemente ejecutará la orden por sí mismo.  Sin embargo, es su deber rehusar cumplir con tal orden.  Si los soldados del Grupo Colina se hubiesen negado a matar a civiles, el curso de los acontecimientos durante el mandato de Fujimori quizás hubiese sido bien distinto.

La cal come la carne (12 febrero, 2008)

            Otro ex agente del Grupo Colina, Pablo Atúncar, testificó ayer.  Confirmó la naturaleza de las matanzas que cometió el grupo, a sangre fría.

            Varios testigos han narrado que los miembros del Grupo Colina no recibieron ningún entrenamiento sobre cómo interrogar a los sospechosos.  Su misión era simplemente ubicar y eliminar presuntos terroristas.  ”Eliminar”, nos dijeron, quería decir “matar”. 

            Por consiguiente, cuando fueron a una misión, trajeron armas con silenciadores, además de palas, picos y cal.  Atúncar explicó ayer que el propósito de la cal era cubrir los cuerpos en las tumbas.  “La cal”, dijo, “come la carne”, de modo que hace la identificación más difícil.

            El viernes pasado otro agente, Jorge Ortiz Mantas, describió cómo detuvieron a un periodista, Pedro Yauri, lo llevó a una playa, y le hizo cavar su propia tumba.  “Chuqui quería que lo mate, pero como yo tenía una ametralladora G3, me negué.  Entonces, mortificado, Chuqui le disparó una ráfaga y me dio su arma para que también dispare.  Le hice dos disparos más.

            Atúncar reveló que el Grupo Colina originalmente tenía la intención de volar la casa de Barrios Altos después de matar a las 15 personas que estuvieron en una “pollada“.  Recibieron entrenamiento en el uso de dinamita y trajeron explosivos consigo a Barrios Altos.  No obstante, decidieron no destruir la casa cuando descubrieron que en el segundo piso se realizaba una parrillada familiar donde había muchos niños.

            Todos estos testigos han explicado su participación en los homicidios a sangre fría, por decir, que un soldado siempre sigue órdenes.  Se preguntó a Ortiz Mantas si podía negarse a matar, y contestó:- “No.  La vida militar es distinta de la civil.  En el Ejército las órdenes se cumplen sin dudas.”

            También han dejado claro que en el ejército no es posible que los soldados actúen sin el conocimiento de sus superiores.  “Nada se hace sin una orden superior”, dijo Ortiz Mantas.  “La Dinte [Dirección de Inteligencia de Ejército] tenía que saber.  Martin Rivas [jefe del Grupo Colina] tuvo que dar cuenta antes o después.”  Atúncar testificó que el Grupo Colina tenía el apoyo del alto comando del Ejército, incluyendo al General Hermoza Ríos y al Presidente Fujimori, “quien nos otorgó una ley de amnistía.”

            En total, según Atúncar, el Grupo Colina realizó ocho operativos con muerte de los intervenidos, señalados como objetivos por la Dinte.  “Nunca se puso un detenido a disposición de la Policía.  En ningún caso se les interrogó, siempre se mató”, declaró.   Y “la cal come la carne”.

El encubrimiento destapado (9 Febrero, 2008)

Ayer escuchamos el testimonio del ex miembro del Grupo Colina,  “destacamento de la muerte” al inicio de los años de Fujimori.  La verdad sobre lo que ocurrió, encubierta por tantos años por el gobierno, ahora está destapada.  Aquí está el trasfondo: El 3 de noviembre del 1991 un grupo vestido como soldados masacró a 15 civiles, incluyendo a un niño de 8 años, en una “pollada” en Barrios Altos, Lima.  Esta matanza supuestamente se adjudicó a miembros de Sendero Luminoso.  El gobierno negó estar involucrado.

El 18 de julio del 1992 nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta fueron “desaparecidos” por un grupo vestido como soldados.  Puesto que no se hallaron cuerpos, el sistema judicial no hizo nada al respecto.  En abril del 1993 se reveló un memorándum secreto, que confirmó que operativos de inteligencia del ejército habían ejecutado a  los detenidos de La Cantuta.  Hubo testimonios, pero el General Nicolás Hermoza Ríos, jefe de las fuerzas armadas, negó conocimiento alguno de involucramiento militar.  Testificó que fuerzas paramilitares podrían haber sido los responsables, o que Sendero Luminoso podría haber atacado a los estudiantes, o que podría haber sido un truco por los estudiantes, un “auto secuestro”.

Pero en mayo el General Rodolfo Robles confirmó la existencia del Grupo Colina y dijo que este grupo fue responsable por las matanzas de La Cantuta.  Robles entonces fue acusado de insubordinación, de difamación a las fuerzas armadas  y de hacer declaraciones falsas.   Cincuenta y cuatro generales firmaron una carta llamando a Robles un cobarde y un reo, no digno de ponerse el uniforme de las fuerzas armadas.  El 26 de junio el Congreso (con fujimoristas en control) votó 39 a 13 a hacer nada.

Sin embargo, poco después se descubrieron los cuerpos sepultados en las afueras de Lima.  Familiares identificaron las ropas, y llaves encontradas en el sitio coincidieron con la casa de una víctima.  Varias calaveras encontradas en el lugar   mostraron que a las víctimas les dispararon de cerca en la cabeza.  La policía nacional dijo, que la evidencia debe haber sido “plantada” por Sendero Luminoso.  El Presidente Fujimori dijo en diciembre que los crímenes fueron ”actos individuales y aislados”.  No obstante, se hicieron cargos en contra de algunos militares, y en el 1994 una corte militar sentenció a nueve de los diez acusados.

El Congreso respondió  promulgando  una ley de amnistía en junio del 1995, otorgando amnistía total a todo el personal militar y policial que estuvieron  implicados en abuso de derechos humanos, que el Presidente Fujimori inmediatamente firmó.  Cuando la jueza Antonia Saquicuray falló que la ley de amnistía era inconstitucional, el Congreso promulgó otra, que decretó que la ley de amnistía no fuera sujeta a repaso judicial.

Ayer el agente Jorge Ortiz Mantas testificó que vio al agente de Colina, Jesús Sosa, matar al profesor de La Cantuta Hugo Muñoz y vio su jefe Julio Chuqui disparar en la cabeza de un alumno.  Dijo que después de ocho meses el capitán Carlos Pichilingue, presuntamente por orden del general Nicolás Hermoza, convocó a diez miembros del destacamento Colina para encargarles desenterrar los restos de los asesinados y trasladarlos a otro lugar porque “ha habido fuga de información”. 

Ahora, finalmente, la información se ha ”fugado”, en la corte.

Los detalles sangrientos (6 Febrero, 2008)

            No hay duda sobre el hecho de que el Grupo Colina mató a 15 personas en Barrios Altos el 3 de noviembre del 1991, y otras 10 personas en La Cantuta el 18 de julio del 1992.  La pregunta en el juicio de Fujimori es si el ex presidente autorizó las matanzas o no hizo nada para pararlas cuando podría haberlo.  ¿Por qué entonces presenta el fiscal evidencia en el juicio de los detalles sangrientos de las matanzas?

            Ayer, por ejemplo, escuchamos los testimonios de dos antiguos miembros del Grupo Colina.  Aprendimos que antes de Barrios Altos recibieron entrenamiento de matar por el uso de una técnica israelí que consiste en efectuar disparos directamente a la cabeza y al corazón.  “La misión del Destacamento Colina era capturar y matar personas”, dijo el ex agente de inteligencia Isaac Paquiyauri.  “En el sótano del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército) se hacen interrogatorios fuertes y si se ve que es conveniente que el detenido quede vivo lo pasan a la policía, si no se le mata.”

            El periódico El Comercio publicó esta semana un análisis interesante de la estrategia del fiscal, escrito por César Azabache Caracciolo, profesor de derecho en la Universidad Católica y un conocido abogado defensor.  Señala que este juicio oral y público puede ser un espacio de debate útil y legítimo para establecer una respuesta institucional equilibrada a uno de los principales problemas morales de la sociedad, que se refiere a las condiciones en que un mandatario debe ser considerado responsable por los actos de sus subordinados.

            Según Azabache, “fue útil para los objetivos de la fiscalía haber puesto una especie de ‘zoom’ sobre el detalle de cada crimen descrito en la acusación.  El detalle expuesto por los testigos sobre las masacres de Barrios Altos y La Cantuta es horrendo hasta tal punto que el repaso de cada declaración sugiere que el acusado no podrá mantener su defensa en la frágil línea de la ignorancia sobre lo ocurrido. . . . El argumento de la ignorancia se muestra inaceptable frente a las imágenes que convoca cada una de las declaraciones que estamos escuchando.”

            Puede ser que Fujimori no dio órdenes directas a matar gente sin juicio ni debido proceso.  Pero Azabache nota que la indiferencia impasible es más que simple negligencia.  “Dejar hacer” es terriblemente grave cuando quien “deja hacer” tiene la última palabra sobre el destino de las cosas y el poder suficiente para evitarlas.  “La fuerza moral del juicio se inclina, entonces, irremediablemente en contra de un acusado que se muestra impasible frente al detalle de lo sucedido”, dice Azabache.

            Es un objeto importante del sistema de justicia hacer que las decisiones sobre una acusación sean comprensibles para todo ciudadano.  La transparencia del juicio asegura que todos, hasta los fujimoristas, entenderán el veredicto final cuando se anuncie.

El derecho de guardar silencio (4 febrero, 2008)

            La cuestión corriente que se aborda en el juicio de Fujimori es ¿hasta qué punto tiene un acusado el derecho de guardar silencio?  La ley es muy clara que, como la gran mayoría de los derechos, se puede ejercer el derecho al silencio o se puede renunciarlo.

            La semana pasada (28 de enero) un ex-agente del Grupo Colina, Víctor Hinojosa Sopla, quien es acusado en el caso penal contra el Grupo Colina, rehusó testificar en el trial de Fujimori, acogiéndose al derecho al silencio.  Los jueces reservaron la decisión para decidirla más tarde.

            Hoy otro testigo, Fernando Lecca Esquén, quien también es procesado por los crimines del Grupo Colina, rehusó testificar.  Ambos testigos plantearon la misma cuestión legal, puesto que ambos son procesados por los mismos hechos que el ex Presidente Fujimori, y ambos han dado confesiones sinceras en su propio caso.

            Los jueces decretaron hoy que ambos testigos tendrán que declarar.  Por dar una confesión sincera o colaboración eficaz al gobierno (y por tanto acogiéndose el beneficio de una sentencia reducida en su propio caso), han renunciado el derecho de guardar silencio y tienen que testificar en casos relacionados como el de Fujimori.  Su testimonio no va a perjudicar su propio caso, y por supuesto pueden modificar o retractarse de lo manifestado en sus anteriores declaraciones.

            Lecca Esquén todavía rehusó testificar hoy, así que a la sugerencia del abogado defensor César Nakazaki, el juez San Martín le dijo:- que hable con su abogado de oficio y regrese a la corte en dos días.

            El Artículo 245 del Código de Procedimientos Penales del Perú dice “Cuando el acusado que está declarando guarda silencio frente a una pregunta, se dejará constancia de tal situación y se continuará con el interrogatorio.”

          La gran mayoría de los países tienen garantías similares.  La constitución de Costa Rica (Artículo 36) dice “Cada sospechoso tiene el derecho de abstenerse de declarar”.  El Código Procesal Penal de Chile (Artículo 93g) dice “Todo imputado tendrá derecho a guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento.”  La quinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice “Ninguna persona se debe obligar en un caso penal a ser testigo en su contra.”

            Pero ningunas de estas garantías nos dicen cuando el derecho de guardar silencio se considere “renunciado”.  Eso ha sido desarrollado por precedentes judiciales en los Estados Unidos y por sentido común en los países de la ley civil como el Perú.  Parece obvio que si un acusado ya ha confesado, no va a causarle ningún daño repetir la confesión en un caso relacionado.  El acusado siempre puede mantener que la confesión anterior era falsa, o puede modificarla.  Pero permitir que el testigo renuncie el derecho al silencio en su propio caso, y después invocarlo otra vez en el caso relacionado, haría poco sentido.  Claro, los jueces de Fujimori hicieron la decisión correcta hoy en decidir que Hinojosa Sopla y Lecca Esquén tienen que testificar.  Si los testigos continúan su rehúso, serán procesados por un delito contra la administración pública.

¿Porqué la Corte Suprema? (2 febrero, 2008)

            Normalmente los juicios tienen lugar en cortes superiores.  Los testigos declaran y son contrainterrogados, el juez (o jurado) decide, y la parte que pierde puede apelar a una corte si cree que hubo errores en el juicio.  La última apelación será a la corte más alta del país, la Corte Suprema; allí no hay testigos que declaren, los jueces simplemente escuchan a los abogados y deciden si el resultado en las cortes inferiores fue legal.

            El proceso penal en contra de Alberto Fujimori, sin embargo, tiene lugar en la Corte Suprema del Perú, ante un equipo de tres jueces de la Corte Suprema.  ¿Cómo es posible?

            La respuesta se halla en la Constitución del Perú del año 1993, que expone los procedimientos de hacer cargos en contra de altos oficiales gubernamentales.  El Artículo 99 dice que la Comisión Permanente del Congreso puede acusar “al Presidente, a los representantes del Congreso, a los Ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones.”  El Artículo 100 dice que el Congreso puede “suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función.”  Además, “en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días.”

            La idea que la Corte Suprema puede actuar como corte de primera instancia no es sólo del Perú.  De hecho, la Constitución de los Estados Unidos da “jurisdicción original” a la Corte Suprema en algunos casos.  El Artículo III, Sección 2, dice: “En todo caso que afecte a embajadores, ministros públicos, a cónsules, y miembros de un estado, la Corte Suprema tendrá jurisdicción original.”

  Actualmente, la Corte Suprema sólo acepta conflictos entre dos o más estados, típicamente en cuanto a límites, reclamos sobre agua, u otros asuntos de propiedades.

            He aquí el trasfondo de cómo Fujimori acabó en la Corte Suprema.  Después de ser electo en el 1990 y re-electo en el 1995, se presentó en el 2000 como candidato por un tercero mandato, algo sin precedentes.  Ganó la elección el 28 del mayo, de 2000, aunque mucha gente pensaba que su victoria fue producto del fraude electoral.  Durante seis meses, numerosos escándalos reventaron en cuanto a su jefe de espías, Vladimiro Montesinos, y Fujimori voló a Japón y envió por FAX su renuncia como presidente el 19 de noviembre.  El Congreso rechazó le resignación y en cambio lo destituyó el 21 de noviembre, y también lo inhabilitó para el ejercicio de la función pública por diez años.  En agosto de 2001 el Congreso autorizó cargos penales en contra de Fujimori, alegando que él y Montesinos fueron co-autores de las matanzas por un pelotón de muerte en Barrios Altos en el 1991 y en La Cantuta en el 1992.  A petición del Perú, Interpol promulgó un mandamiento de arresto en contra de Fujimori con cargos que incluyen homicidio, secuestro y crímenes de lesa humanidad.  Sin embargo, Japón se negó a extraditar a Fujimori y fue sólo cuando el ex-presidente fue detenido en Chile en el 2005 y extraditado al Perú, el septiembre pasado, que tuvo que afrontar los cargos ante la Corte Suprema.

 

Ver análisis de enero 

3 Comments

3 responses so far ↓

  • 1 Manuel Luján // Jan 23, 2008 at 6:02 pm

    Me da la impresión que los fiscales abordan el interrogatorio con estilo burocrático, basados en su conocimiento de los casos imputados y apoyados en leyes y normas. Se les nota poco enérgicos, o involucrados en el caso. Nagasaki es muy claro en sus intervenciones, le pone pasión a su defensa. En un momento dijo, está en juego 25 años de la vida de mi defendido. En otro momento dijo, quiero generar evidencia en esta corte. Se siente que el juez San Martín se involucra con inteligencia en el tema, aunque a veces un poco atropellado. La parte civil tampoco convence mucho. Algunos de los testigos no son muy verbales ni saben articular bien su expresión y caen con facilidad en las contradicciones que Nagasaki con su claridad, les hace caer. Me da la impresión que la defensa de Fujimori la tiene fácil porque tiene simplemente que demostrar que los testigos no son confiables.

  • 2 Guillermo Lescano // Apr 8, 2008 at 1:06 am

    Estoy de acuerdo con notar el claro ejercicio de la jurisprudencia peruana en el caso del Sr. Alberto Fujimori, el respeto por la Constitucion Politica del Estado vigente y la actuacion de los Magistrados que deliberan a nivel Supremo. Por otro lado es negativo el observar que haya testigos presos por mas de cinco años sin haber sido sentenciados a la fecha, Abril 2008.

  • 3 felix gamboa // Jul 13, 2008 at 9:17 pm

    EL VERDADERO ORIGEN DEL JUICIO A FUJIMORI Y LOS AUTORES.
    Este juicio amerita una explicación, ya que propiamente somos espectadores de un proceso que no está referido estrictamente a los términos de la acusación, sino que estamos viendo que se hace referencia, para justificar los mismos, a todas las actividades políticas, económicas, sociales y militares durante todo el régimen, tratando de forzar una relación con los hechos motivo del juzgamiento, los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, así como las detenciones del periodista Gorriti y el empresario Dyer. Pues bien, esto refleja que existe una condena explícita a todo lo que se hizo en los 10 años de gobierno de Fujimori, a primera vista, esto no tendría sentido puesto que era un régimen político que resolvió los más graves problemas nacionales que tuvo el Perú contemporáneo, como son: el terrorismo que causó mas de 25,000 muertos y 35,000 millones de dólares en pérdidas, la hiperinflación (15,000 % anual) que empobreció a la gran mayoría de la población, la nominación del Fondo Monetario Internacional como país “inelegible” en el mundo financiero internacional, la negativa del estado peruano al pago de la deuda externa, la permisividad al deterioro de la infraestructura socio económica en todos los lugares del país (escuelas, hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos, servicios públicos esenciales, etc.), el crecimiento del narcotráfico (más de 200 mil Has cultivadas), la inseguridad ciudadana (policía sin patrulleros), la corrupción generalizada desde 1980 al 1990 (en una grabación audio fónica el presidente de la república le pide a un empresario: “cuál es la mía” refiriéndose a su parte en la coima), el control del tipo de cambio instaurando el dólar MUC generando una fuente de corrupción y otros aspectos más, así como muchas otras leyes con nombre propio que sería casi infinito enumerar; todo ello tuvo que resolverse para lograr un país en paz, sin inflación, elegible, fiel cumplidor de sus compromisos económicos (pago de la deuda externa) y atractivo a la inversión extranjera. Aquí nacen dos interrogantes, PRIMERO, ¿POR QUÈ TENDRÌA QUE HABER LLEGADO EL PAÌS A TAL SITUACIÒN DE DETERIORO? y SEGUNDO, ¿POR QUÈ SE SATANIZA TODOS LOS ACTOS DE GOBIERNO Y SE SOMETE A PERSECUCIÒN POLÌTICA A TODOS AQUELLOS QUE PARTICIPARON EN ESTE RÈGIMEN POLÌTICO, QUE RESOLVIÒ TODOS ESTOS PROBLEMAS?; el pueblo peruano no es muy ilustrado como para percatarse de detalles, que consolidados, configuran el argumento de fondo que explica las respuestas a estas preguntas, sin embargo su intuición ilumina sus decisiones y emite los más sabios pronunciamientos, como vamos a ver mas adelante. Para implementar una respuesta a lo PRIMERO, es indispensable ir un tanto atrás, donde encontraremos en parte el origen de la explicación; tras 12 años de gobierno, el régimen militar de 1968-1980 luego de una reforma del estado que incluyo un ajuste en la burocracia y por ende en el gasto público, deja al país en una situación económica estable con proyecciones positivas, producto del equilibrio fiscal y el crecimiento de los precios de sus productos de exportación.

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