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Otros casos en la región

El punto de conexión de los dictadores sudamericanos fue el llamado “Plan Cóndor’’, se instrumentó para que las dictaduras militares derechistas de la época persiguieran grupos de izquierda. Estos gobiernos utilizaron métodos violatorios de los derechos humanos. En el temido Plan Cóndor, participaron las dictaduras de además de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. El presente es un breve resumen, sobre algunos de los procesos iniciados a ex-dictadores de América Latina, por violaciones a los derechos humanos. 

1. Argentina

Jorge Rafael Videla (1976 -1981) ocupó la presidencia con autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” mediante el golpe de Estado al gobierno de Martínez de Perón.

Según organismos de derechos humanos, en poco más de dos años dejó 30.000 desaparecidos y unas 500 cárceles, asesinó a opositores y se apropió de niñas y niños nacidos en cautiverio clandestinos. 

La crisis socio-económica se agudizó, y se realizó la incursión armada en las Islas Malvinas (1982), bajo dominio de Gran Bretaña. Esto constituyó un golpe de gracia para un gobierno que ya no lograba legitimarse.

En 1983, los militares cedieron el mando al presidente Raúl Alfonsín. Videla fue condenado en 1985 por 66 homicidios y cientos de secuestros y torturas, y estuvo detenido hasta 1990, cuando Carlos Menem –en ese entonces presidente de Argentina-, le otorgó el indulto y todo volvió a foja cero. Menem argumentó que era necesario “superar conflictos pasado”.

En 1998, Videla  regresó por 38 días a prisión, luego que un juez dictaminó que las causas por sustracción de menores durante el gobierno de Videla, constituían crimen de lesa humanidad. Luego de los 38 días de arresto, le fue concedido a Videla el arresto domiciliario, debido a su avanzada edad.

Actualmente, Videla está acusado de infinitas causas judiciales vinculadas con crímenes y torturas cometidas durante la última dictadura de su país. En la Argentina hay actualmente unos 270 militares y policías detenidos y procesados en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó desde 1976 hasta 1983

En junio de 2005, se derogaron en la Argentina otras trabas para que la justicia pueda investigar a cientos de ex miembros de las fuerzas de seguridad: las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).

2. Brasil

En el caso de Brasil, los dictadores se sucedieron entre 1964 y 1985, con algunas formas pseudo democráticas. Se dictó en 1979 una Ley de Amnistía de 1979 que “perdonó” a todos los brasileños, tanto civiles como militares, por los supuestos delitos cometidos durante las dos décadas.

3. Bolivia

Luis García Meza Tejada, ex jefe de Estado entres 1980 y 1981 fue acusado por más de 500 asesinatos. El militar fue sentenciado a 30 años en 1993 y se pidió su busqueda y captura, dado que huyó al Brasil. Desde 1994, García está preso en Bolivia. En el penal de Chonchocoro, purga una pena de 30 años sin derecho a indulto.

Otro ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamente[1], (1993-1997 y 2002-2003) dimitió el 17 de octubre de 2003, acusado de genocidio en su país por la muerte de 60 personas en el periodo 2002-2003.

El segundo gobierno se truncó 14 meses después de forma abrupta debido a violentas manifestaciones de rechazo a un plan de exportación de gas natural a Estados Unidos por territorio chileno. En su afán por aplacar las protestas, Sánchez de Lozada ordenó la salida de tropas del Ejército, que causaron decenas de víctimas, lo cual incrementó la irritación social en su contra.

El proceso contra el ex mandatario y sus 15 ministros de gabinete por el delito de genocidio fue autorizado por el Congreso Nacional luego de un debate que duró casi un año en la Fiscalía y el Parlamento. 

4. Chile

Augusto Pinochet Ugarte tomó el poder el 11 de septiembre de 1973 mediante un golpe de Estado al presidente constitucional Salvador Allende.

En el gobierno de Pinochet la represión a los opositores fue cruel pero estuvo siempre más expuesta ante la opinión pública. Más de 3.000 personas desaparecieron en ese país y unos 28.000 fueron torturados.

Pinochet permaneció como comandante en Jefe del Ejército por ocho años después de entregar el poder a Patricio Aylwin en 1990. Después fue senador “vitalicio” y en 1998 fue detenido en Londres a pedido de la justicia española que pidió su extradición, pero no fue enviado a España sino a Chile.

Posteriormente, ya en Chile se comenzó con iniciativas para el procesamiento de Pinochet debido a los crímenes perpetrados en su gobierno. Pinochet fue despojado de su inmunidad parlamentaria y se abrió el camino para que pueda ser juzgado. Sin embargo, su defensa alegó que el dictador no gozaba de buena salud y no podría soportar un proceso.

Pinochet, murió el 10 de diciembre de 2006 – Día internacional de los derechos humanos- clausurando así muchas causas de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Sin embargo hay 400 procesos pendientes contra colaboradores y ex subordinados suyos, que pretenden continuar los organismos de derechos humanos.

5. Paraguay

Alfredo Stroessner Matiauda, militar ex jefe de Estado entre 1954 y 1989. Su gobierno fue la dictadura más larga de la región y se estima que bajo su régimen hubo unas 4.000 personas asesinadas.

Stroennser tuvo que partir al exilio en Brasil donde vivió refugiado de la persecución judicial y política hasta su muerte. Falleció el 16 de agosto de 2006, a los 93 años en Brasilia. Aunque ya no influía en la política su muerte reavivó debates y pedidos para reanudar procesos contra ex represores.

6. Uruguay

Juan María Bordaberry Arocena fue electo presidente en 1971 y dio un golpe de Estado con ayuda de los militares disolviendo el Congreso en 1973.

Durante el período militar, aproximadamente unos 200 uruguayos desaparecieron en el marco de una operación conjunta de los servicios de inteligencia de los regímenes de facto de América del Sur. Esta operación fue  conocida como “Plan Cóndor” y tenía como finalidad perseguir y eliminar opositores.

Se mantuvo en el poder gracias a una alianza con los militares, los mismos que lo desplazaron en 1976 y se erigieron como gobernantes hasta 1985, dos años después de la caída del régimen en Argentina.

Bordaberry fue denunciado a fines de 2002 por una organización de familiares de desaparecidos por violar la Constitución de 1973. La denuncia contó con el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos, pero en aquel entonces, el Ministerio Público de Uruguay interpretó que los presidentes solo podían ser sometidos a juicios políticos durante su periodo o hasta seis meses después de finalizados sus mandatos.

La Suprema Corte de Justicia discrepó con la opinión del Ministerio Público y aceptaron la denuncia  presentada contra Bordaberry, en noviembre de 2002, por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León.

La jueza penal Graciela Gatti lo acusó de ser coautor de diez “homicidios especialmente agravados en reiteración real”. De las diez víctimas ocho permanecen desaparecidas, pero la magistrada las consideró fallecidas. Según la resolución judicial, las muertes ocurrieron “como consecuencia de la detención y tortura a las que fueron sometidos y en función del régimen instaurado por Bordaberry sin el cual estos delitos no se hubieran cometido”.

Bordaberry, se encuentra actualmente en prisión, condenado por los crímenes de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y dos miembros de la guerrilla Tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw.

 

Fuentes:

http://www.rionegro.com.ar

http://www.informativos.telecinco.es

http://www.heraldo.es

http://news.bbc.co.uk

http://www.clarin.com/diario/2007/04/17/um/m-01401790.htm

http://espanol.upi.com

 




 

[1] Presidente Constitucional, y sin vínculo con el “Plan Cóndor”.

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