Fujimori on Trial :: Fujimori procesado

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Más sobre Fujimori

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ashamed_resized.jpgEN BREVE:

Alberto Fujimori fue presidente del Perú entre los años 1990-2000, y es considerado como el principal responsable de innumerables de violaciones de derechos humanos durante ese;  período. Estas denuncias fueron investigadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) y forman parte de su Informe Final, publicado en el 2003. El proceso que se realiza actualmente contra el ex presidente señala el cumplimiento de una de las recomendaciones más importantes de la CVR para evitar la impunidad y de ese modo evitar futuras violaciones de derechos humanos por parte del Estado. 

Para mayor información sobre Fujimori y su tiempo como presidente, les invitamos a leer el informe de Praxis abajo. Para saber más sobre los casos por los cuales Fujimori fue extraditado, por favor visiten nuestra página, Casos de extradición, y por cualquier duda legal, visiten la página Cuestions legales relevantes.

 

Alberto Fujimori: De presidente a acusado 

Presidencia 

Después de elecciones justas y libres, Alberto Fujimori Fujimori juramentó como presidente de Perú el 28 de julio 1990. Llegó al cargo después de una de las décadas más difíciles en Perú, puesto que la década del ochenta fue profundamente inquieta debido a una economía con una inflación incontrolable y a un conflicto armado interno que afectó de sobremanera a la población campesina del interior del país. Como un actor desvinculado a los partidos políticos tradicionales, Fujimori ofreció al pueblo la esperanza de cambio; sin embargo, en poco tiempo demostró su desdén por las instituciones democráticas así como por el Estado de derecho -el mismo factor que causaría su caída diez años más tarde en noviembre de 2000-.

El 5 de abril 1992 Fujimori -con el apoyo de las Fuerzas Armadas- cerró el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales en lo que él llama orgullosamente su autogolpe. Fue reelegido bajo oscuras circunstancias en 1995 y en el 2000. Esta última elección violó la misma Constitución que su gobierno había redactado y aprobado en beneficio propio en 1993.

Durante los 1990s, bajo la dirección de Fujimori, el Estado peruano se volvió autoritario e irrespetuoso de los derechos humanos de su población, aunque a la vez declaraba ser una democracia. Mediante legislación despótica, calificada de “antiterrorista” promulgada en decretos leyes en 1992, se creó la manera de silenciar a la población. A la par, la agrupación paramilitar Grupo Colina llevó a cabo brutales masacres, incluyendo las masacres de “Barrios Altos” y “La Cantuta”. Las dos tragedias fueron resultado de la creencia que las víctimas eran miembros de Sendero Luminoso, y ambos casos son considerados crímenes de lesa humanidad. De hecho la mayoría de los casos llevados al Sistema Interamericano contra Perú pertenecen a acontecimientos que ocurrieron durante el régimen de Fujimori. Paradójicamente, fue la revelación de la sobredimensionada corrupción de su régimen lo que causó la caída de su gobierno y no las violaciones a los derechos humanos.

Caída y huida 

En septiembre de 2000, en una inesperada serie de eventos, se filtró a la opinión pública el primero de los miles de vladivideos -nombre popular que se le ha dado a los videos hechos por el “asesor” del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos-. En este video apareció Montesinos dando un soborno a un congresista de la oposición recientemente electo; posteriormente se descubrió que en los otros videos Montesinos ofreció sobornos a centenares de personas con alto nivel de poder en el país, incluyendo miembros de la prensa, congresistas, miembros del Poder Judicial, la comunidad empresarial, del entretenimiento y otras personalidades influyentes. Aunque Fujimori, seguidamente ordenó de manera supuesta el arresto de Montesinos -que había huido a Panamá-, el presidente mismo pronto salió del país el 13 de noviembre de 2000 con la excusa de participar en la cumbre de la Cooperación Económica de Asia Pacífico en Brunei. Pocos podían imaginar que desde allá el presidente mandaría su renuncia por fax, solo seis días después de su partida. En la actualidad su hija, Keiko Sofía Fujimori Higushi, actual congresista peruana, ha manifestado ante un medio estadounidense que esta huida estaba planeada varios días antes.

El Congreso peruano no aceptó su renuncia, lo declaró “moralmente incapaz” y lo despojó del cargo de Presidente del Perú.

Después de su renuncia, Fujimori se estableció en Japón, lugar de nacimiento de sus padres. En diciembre de 2000, el gobierno japonés anunció que Fujimori tenía nacionalidad japonesa (ilegal para ser presidente en Perú) y por lo tanto súbdito del imperio; hasta la fecha el asunto de la “nacionalidad” ha dejado perpleja a la población peruana, que se pregunta si Fujimori es siquiera peruano o si logró tramar la perfecta garantía de impunidad. Efectivamente el interés político de Japón siempre ha sido un factor en las particularidades de este caso. Fujimori vivió una vida lujosa en Japón, se casó con una ciudadana japonesa y manejó su propio programa de radio que emitió desde allá para mantener y aumentar su apoyo en el Perú.

En marzo de 2003, INTERPOL interpuso una orden de arresto para Alberto Fujimori Fujimori por su presunta responsabilidad en asesinatos extrajudiciales. El 21 de julio de 2003 el gobierno peruano solicitó formalmente su extradición de Japón, basándose en su presunta responsabilidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta. En octubre 2004, el gobierno fundamentó además esta solicitud debido al pago de una supuesta indemnización de $15 millones de dólares, que pagó a Montesinos en 2000. Debido a la presión internacional, el gobierno japonés finalmente, pidió información adicional del gobierno peruano en junio 2005. Sin embargo, el intento de extradición encontró varios obstáculos, como el pedido de Japón que la petición de mil páginas sea traducida, lo cual demoraría en exceso el proceso.

Adicionalmente, las leyes japonesas prohíben la extradición de sus propios ciudadanos, así que la “cuestión de nacionalidad” seguía amenazando la posibilidad que Fujimori llegara a ser juzgado por la justicia peruana.

Comisión de la verdad y reconciliación 

Después de su huida de Perú, el gobierno transicional peruano encabezado por Valentín Paniagua (2000-2001) formó una comisión de la verdad que trabajó por dos años (2001-2003) para producir su Informe Final de nueve volúmenes. A diferencia de la comisión de la verdad en Sudáfrica, la CVR no operó bajo la presunción de una amnistía. De esta manera, la CVR fue distinta a otros procesos de búsqueda de la verdad, donde a veces se tiene que usar leyes especiales, sacrificando la justicia por la verdad, como el caso de la comisión de la verdad sudafricana, que aseguró amnistía a cambio de confesiones.

En cambio la CVR entregó al Ministerio Público 42 casos penales para su investigación, un número significativo de estos casos pertenece a eventos sucedidos en el gobierno de Fujimori, incluyendo los casos de Barrios Altos y La Cantuta, así como el secuestro del empresario Samuel Dyer. En este contexto, miembros claves del Grupo Colina fueron arrestados y juzgados, donde muchos invocaron la opción de “confesión sincera”, implicando tanto Montesinos como Fujimori, así como militares en alto comando, para poder reducir sus propias sentencias. Esta evidencia sirvió también al gobierno peruano en su meta de la extradición y será crucial en los procesos que Fujimori actualmente afronta.

Detención en Chile 

En este escenario, en las emisiones de su programa de radio, Fujimori hizo claro su intención a regresar a la presidencia de Perú algún día. En octubre de 2005, anunció formalmente su decisión de volver al Perú para postularse como candidato en las elecciones presidenciales de 2006.

Su sorprendente viaje de Japón, vía México, terminó en Chile el 6 de noviembre de 2005. A pesar de la orden de arresto de Interpol, viajó sin interrupción, causando incertidumbre respecto a cómo logró pasar desapercibido.

Al día siguiente, la Corte Suprema chilena ordenó su detención, mientras esperaba la solicitud formal de extradición del gobierno peruano. Esta solicitud, entregada en enero 2006, presentó 12 cargos penales (10 por corrupción y 2 por violaciones de derechos humanos, incluyendo Barrios Altos, La Cantuta y Caso de los sótanos del SIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército, donde periodista Gustavo Gorriti y el ejecutivo Samuel Dyer fueros secuestrados y torturados).

En el 2006, miembros de su movimiento político Alianza por el Futuro, ganaron 13 escaños en el congreso, uno de los cuales pertenece a Keiko Fujimori Higushi -hija de Alberto Fujimori-.

Extradición 

El 11 de julio de 2007, el Juez de la Corte Superior chilena, Orlando Álvarez, rechazó el pedido de extradición, determinando que los cargos judiciales no eran “considerables”. Su decisión fue en contradicción directa con el informe de la Fiscal Superior, Mónica Maldonado, quien había hecho recomendaciones muy claras para la extradición. La prensa reveló que Álvarez había trascrito textos entero del escrito presentado por el abogado de Fujimori, y que había usado un estándar de evidencia que no correspondía ni a estándares chilenos ni internacionales sobre decisiones de extradición. Los representantes del gobierno peruano apelaron inmediatamente.

Ese mismo mes, Fujimori perdió la elección al Senado japonés. Intento que se inició mientras estaba en Chile y que, de haberse logrado, habría asegurado su inmunidad diplomática e impedido por consiguiente, su extradición a Perú.

Posteriormente, la Corte Suprema chilena presentó su fallo de 10 septiembre, el cual aprobó la extradición de Fujimori a Perú por siete de los trece cargos penales presentados -dos por derechos humanos y cinco por corrupción- decisión que se hizo pública el 21 de septiembre 2007.

Al día siguiente, el 22 septiembre, Fujimori fue extraditado a Perú e inmediatamente encarcelado. Actualmente, se encuentra en una prisión construida especialmente para él en Lima. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema peruana, compuesta por tres vocales principales (César San Martín, Victor Prado, y Hugo Principe) empezó las audiencias de los siete casos penales contra Fujimori la primera semana de octubre de 2007.

Casos contra Fujimori 

Como anteriormente se ha mencionado, Fujimori está actualmente acusado de dos casos de violaciones de derechos humanos. Uno por asesinato y lesiones graves causadas por el Grupo Colina, supuestamente bajo sus órdenes en los casos Barrios Altos y La Cantuta (que se han juntado en un solo caso), crímenes que llevan una sentencia de no menos de 15 años y para los cuales el Ministerio Público ha solicitado la pena privativa de libertad de 30 años. También afronta cargos por presunta tortura y detención ilegal de periodista Gustavo Gorriti y ejecutivo Sanuel Dyer en el sótano del edificio del Servicio de Inteligencia del Ejército, por lo cual podría tener una sentencia de no menos de 15 años. Las audiencias por las violaciones de derechos humanos estarían por empezar en diciembre de 2007.

Adicionalmente, Fujimori afronta cinco casos de corrupción que incluyen usurpación y abuso de autoridad. Uno por allanamiento ilegal de la casa de su ex asesor, Montesinos. Otro basado en la evidencia del video mostrando el pago ilegal de sobornos hecho por Montesinos a seis miembros de oposición en Congreso, Fujimori está acusado por el crimen de conspiración y corrupción de funcionarios del Estado. También está acusado de malversación de fondos y peculado, el pago de compensación por servicios prestados a Montesinos. Fujimori podría tener una sentencia de cinco años por la interceptación telefónica a miembros de la oposición (políticos, periodistas y funcionarios del estado). Finalmente, podría tener la sentencia de diez años por la compra ilegal de una empresa privada de televisión, hecha con fondos públicos.

Desafíos al proceso

Los cargos penales, procesos legales, y apoyo social por el fallo judicial en el caso Fujimori revisten particular importancia en América Latina por el ejemplo a dar para el juzgamiento de otros ex mandatarios.

Sin embargo, ya hay indicios que aseguran que el proceso no ocurrirá sin desafíos serios. Por ejemplo, tensiones internas se dieron cuando un grupo de presuntos fujimoristas echó pintura de color naranja -color que distingue al movimiento de seguidores de Fujimori- al Ojo que Llora, monumento en memoria de las víctimas del conflicto armado en el Perú. En la actualidad han alquilado dos amplios espacios frente a la sede donde se realizarán las audiencias públicas.

La extradición de Fujimori fue una victoria para la comunidad de derechos humanos, debido a que será el propio Poder Judicial peruano, el que ejercerá su jurisdicción en este caso. No obstante, una realidad fuerte prevaleció: aunque Fujimori finalmente fue devuelto al Perú, quedan todavía muchos desafíos para asegurar que se haga justicia con una debida protección del debido proceso.

Aunque Perú tiene una red de derechos humanos bien establecida, Fujimori sigue disfrutando de un apoyo local bastante grande. Como ya ha sido mencionado, este proceso penal ha a polarizado a diversos sectores de la sociedad peruana. Mientras Fujimori está acusado de violaciones graves de corrupción, así como derechos humanos, tiene aún un importante apoyo del sector empresarial debido a su política pro-neoliberal; además ganó lealtad de sectores de poblaciones pobres, debido a construcción de carreteras y escuelas.