Fujimori on Trial :: Fujimori procesado

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La amnistía como medio para alcanzar la impunidad: Lecciones que no debemos olvidar.

Recientemente uno de los integrantes del grupo Colina ha declarado en el proceso que se viene siguiendo al ex presidente Alberto Fujimori, que aquel gobierno les aseguró que iban  a ser beneficiados por una amnistía para evitar su juzgamiento.

Lo sucedido desde 1992 hasta el 2000 confirma que la ausencia de investigación fue una política prioritaria de un régimen en el que el poder permanecía concentrado, oculto y carecía de controles. Recordemos lo sucedido.

En noviembre de 1991 el Senado de la República designó una comisión encargada de investigar las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Barrios Altos efectuadas por el grupo Colina. Lamentablemente, dicha comisión no pudo culminar su labor pues fue disuelta debido al golpe del 5 de abril de 1992.

Cuatro años después (1995) una valerosa y ejemplar fiscal, Cecilia Magallanes, inició una investigación sobre los hechos ocurridos, y la jueza Antonia Saquicuray decidió abrir proceso penal.

Sin embargo, la noche del 13 de junio de 1995 la agrupación mayoritaria Cambio 90-Nueva Mayoría presentó, directamente al pleno del Congreso, un proyecto de ley que concedía amnistía al personal militar, policial o civil por todos los delitos cometidos como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980 hasta junio de 1995.

El hecho de contar con mayoría en un congreso unicameral, unido a la práctica de las denominadas leyes sorpresa -no requerían del previo dictamen de ninguna comisión del Congreso-, facilitó su veloz aprobación. En efecto, la Ley 27479 fue aprobada en la madrugada del 14 de junio y publicada al día siguiente.

A pesar de ello, las magistradas que investigaban el caso Barrios Altos dispusieron la inaplicación de dicha ley por su manifistea inconstitucionalidad. A fin de bloquear esta valiente decisión, se promulgó la Ley 26492, según la cual la ley de amnistía no era “revisable en sede judicial”.

Años después, el 2000, debido al cuestionamiento del proceso electoral, la Organización de Estados Americanos envió al Perú una misión de alto nivel. Posteriormente se instaló la Mesa de Diálogo y Concertación para el Fortalecimiento de la Democracia en el Perú, donde participaron representantes del Gobierno y la oposición.

Luego del anuncio del recorte del mandato presidencial y la convocatoria a elecciones, en una sesión de la mesa de diálogo realizada en octubre del 2000, el entonces ministro de Justicia y representante del Gobierno presentó una propuesta de acuerdo político para ser suscrito entre las partes (Gobierno y oposición).

Uno de los aspectos centrales de la propuesta era constitucionalizar las leyes de amnistía; además, ampliar sus alcances para “los casos de delitos cometidos en el contexto de la lucha emprendida contra el narcotráfico”. Se trató de una propuesta inaceptable que fue rechazada. No obstante, esta frustada iniciativa confirmaba el interés del gobierno saliente por evitar futuras investigaciones.

En definitiva, el recuerdo de lo sucedido evidencia que los intentos de amnistía respondieron a una clara política de un gobierno que quería evitar todo tipo de investigaciones. Lo sucedido nos deja al menos un par de lecciones. Por un lado, que una orden o una conducta lesiva de derechos humanos siempre será investigada y una amnistía -o un indulto- no podrá evitarlo. Así lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos.

Y de otro lado, que es indispensable entender que en una política pública el fin no justifica los medios, pues el respeto a los derechos humanos es una condición fundamental para su validez. Se trata de lecciones que no debemos olvidar.

 

Samuel Abad Yupanqui