Fujimori on Trial :: Fujimori procesado

Accountability in Action :: Rindiendo cuentas

Fujimori on Trial :: Fujimori procesado random header image

Empieza a descorrerse el velo

FOTOVc3adctorAlvarez-2.jpg picture by praxislimaEl velo de la impunidad.  Por lo menos en dos de los más cruentos crímenes cometidos durante el gobierno del hoy acusado Alberto Fujimori: las ejecuciones de 16  personas que participaban en una fiesta del solar ubicado en Barrios Altos, y la ejecución de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.  Uno a uno han ido desfilando los actores principales de esos pavorosos sucesos y han ido contando (algunos ya lo habían hecho en los procesos paralelos que se les sigue por los mismos delitos) la forma espantosamente deshumanizada cómo se planificaron y ejecutaron.  Sin embargo, en el juicio a Fujimori encontramos algunos otros elementos adicionales: empiezan a mostrarnos cómo toda esa maquinaria sangrienta que conocemos como “Grupo Colina”, que enlutó ferozmente a muchas familias de peruanos, no pudo operar solo, no estuvo a cargo de peones o de mandos medios, no fueron un grupo de fanáticos militares que querían salvar a la patria que actuaron por propia iniciativa.  Eso era absolutamente imposible.  Veamos por qué.

El Gobierno de Fujimori estuvo pintado con un barniz de corrupción que alcanzó niveles inéditos, fue un régimen cleptocrático en el que las arcas del estado fueron saqueadas bajo el lema de “por dios y por la plata”; un gobierno en el que se compraron conciencias, almas, congresistas por rumas, diarios (es realmente surrealista la escena en la que Montesinos le entrega pilas y pilas de dinero a un empresario televisivo), y todo cuanto se podía comprar; un régimen que mintió hasta casi lograr convencernos de las peores fechorías (no olvidamos a Fujimori gritando orondo haber recuperado Tiwinza durante el conflicto armado con Ecuador cuando en realidad estaba a 100 kilómetros del lugar); y, también, ciertamente, fue un régimen que violó derechos humanos y creó un grupo de aniquilamiento de personas cuyos miembros eran capaces de matar niños porque éstos podían convertirse en subversivos al llegar a ser adultos. De espanto.

Pero se nos quiere hacer creer que en medio de toda esta inmundicia, regalando alimentos por doquier, Fujimori era ajeno a las denuncias no sólo a nivel nacional sino también de parte de organismos internacionales, que señalaban crímenes horrendos, desapariciones de personas, ejecuciones. Que se trataba de un presidente que no leía revistas de análisis político ni diarios pero que viajaba por todo el país (que, dicho sea de paso, estaba declarado en más del cincuenta por ciento del territorio en estado de emergencia y era “gobernado” por jefes militares) para conocer de sus carencias, y tenía un asesor personal e inmediato que le resolvía todos los problemas pues manejaba todo el aparato de inteligencia del Estado (de las Fuerzas Armadas y PNP, como lo ha sostenido el propio acusado Fujimori en el juicio).  Él, como presidente de la república…¡no sabía nada de lo que pasaba en sus narices! 

Sólo hay dos lecturas posibles de esta suerte de “estrategia procesal” que ha presentado Fujimori como sustento de defensa y como base de su altisonante proclama de inocencia. La primera es que durante diez años nos gobernó un oligofrénico, un tipo incapaz de percatarse de lo que pasaba a su alrededor, que no tuvo el mando ni capacidad de decisión, y que no tuvo conocimiento de las estrategias que se idearon y ejecutaron en la lucha contrasubversiva.  En fin, que estuvo al margen de todo.  Sobra señalar que afirmar esto raya con lo absurdo. Es decir, el presidente que ya en marzo del 91 les daba a los miembros de las Fuerzas Armadas todo su apoyo y respaldo, que afirmaba  que hacía lo posible “…para aumentar la capacidad operativa de nuestras fuerzas…”, que en su condición de  “…jefe supremo de las FFAA y Policiales…” disponía que se adoptaran medidas y  políticas en diferentes asuntos, aunque ahora no pueda diferenciar entre lo que es dar una orden y disponer que algo se lleve a cabo; no conocía lo que pasaba a su alrededor. 

La otra lectura que se desprende de esta alucinada posición es que, aunque Fujimori insista y nos repita hasta el hartazgo que él sólo daba las directivas generales que tenían como sustento el respeto de los derechos humanos y que, por tanto, no se dio cuenta de nada, ni por información que podía haberle dado su personalísimo asesor (que manejaba toda la inteligencia nacional) ni por propia iniciativa, las pruebas y evidencias que van presentándose en el transcurso del proceso, nos muestran que estuvo al tanto de todo, dirigió y controló la política antisubversiva y, junto con su asesor político y de inteligencia y el jefe máximo de las fuerzas armadas, estuvieron a la cabeza de una estructura de poder que ideó y decidió una estrategia que contempló la eliminación física de personas, para lo cual impulsó y estuvo al mando del grupo de aniquilamiento denominado “Colina”.  

No lo decimos nosotros, no lo dicen solo los entendidos en asuntos castrenses, lo han señalado también los testigos ex militares miembros del “Grupo Colina”. Era imposible que una maquinaria de muerte como ésa pudiera funcionar, operar y desplegar toda su insana estrategia de eliminación, sin la orden de los altos mandos militares. Y éstos requerían, a su vez, de la decisión política estratégica de parte del Presidente. Lo contrario tendría que haber significado dar un golpe de estado que, finalmente, se dio, pero con Fujimori a la cabeza. Toda acción militar de ese nivel y de esas connotaciones tiene que partir de esta decisión política estratégica, que es el primer escalón en la decisión. Responde a lo que el Presidente quiere que los militares desarrollen como estrategia militar y cómo quiere que lo hagan.  En la práctica, esto se reflejó en a) la existencia de una estructura de poder, planificación y control, a cargo de las más altas autoridades o mandos; b) la máxima capacidad y poder de decisión de los jefes y mandos de esta estructura; c) la disposición de recursos y logística que posibilitan la actuación de los efectivos militares; d) la clandestinidad de las acciones.

Y en ese sentido es que se viene avanzando en el proceso penal seguido contra Alberto Fujimori: en la determinación de su responsabilidad penal en la organización, control y decisión de la estrategia destinada a eliminar, a cualquier precio, a los supuestos subversivos.  En lo que se ha visto y escuchado hasta el momento del proceso judicial, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y de allí hacia abajo, los estamentos militares fueron los gestores del Grupo Colina. Y éste tuvo la aprobación y la orden del Presidente en ese momento. El trabajo de inteligencia que ello requirió y lo que posteriormente se hizo, fue de conocimiento del Presidente.  No una, varias declaraciones así lo confirman, no uno sino muchos actos concretos nos conducen inevitablemente a esta conclusión: se dispuso acciones concretas para garantizar impunidad (la ley de Amnistía), las normas que concentraron poder, las que contenían las estrategias y acciones plasmadas en los manuales militares, la destitución de los jueces que rechazaron la amnistía y defendieron la Constitución, etc..   

Y esta viene siendo una verdad irrefutable aún para quienes creen de buena fe en la inocencia de su líder (debe haberlos), pues van comprendiendo que creer esta versión significa aceptar que su líder fue un incapaz mental imposibilitado de darse cuenta de los crímenes que se cometían. Por eso, lo que gritaban a cuatro vientos los fujimoristas como firme convicción, el reto que lanzaban casi con soberbia para que se probara la culpabilidad del ex presidente, se ha convertido ahora en la descabellada amenaza de guerra civil de Santiago Fujimori si su hermano es condenado, y en el anuncio de una “recolección de firmas” para lanzar un nuevo movimiento fujimorista que, a la postre, servirá para salvar a Fujimori de una posible condena. Todo ello no es sino la muestra del desmoronamiento de la proclama de inocencia, de que esta convicción no tiene la misma fuerza ante la contundencia de las evidencias que prueban, efectivamente, la responsabilidad penal. 

La verdad va abriéndose paso de manera lenta pero segura. Ella es la única vía para curar las heridas que nos dejaron dos décadas de violencia política y de guerra interna, y para que nuestra sociedad pueda reconstruirse verdaderamente luego de la época en que se envileció el manejo de la cosa pública y la política. Y la justicia debe ser la herramienta de esa verdad.  Y aun cuando la realidad nos muestra que es materialmente imposible llevar a juicio a todos aquellos que cometieron crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad y que la justicia no será posible en la gran mayoría de casos, constituye un superlativo avance en la erradicación de la impunidad que se someta a juicio al ex presidente, además de ser un mensaje contundente a todos quienes crean que pueden cometer crímenes desde el poder impunemente, de que estos actos serán juzgados y sancionados siempre, sea quien sea el que los cometa.

 

Lima, 04 de febrero de 2008 

Víctor M. Álvarez Pérez

Responsable del Área Legal

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos