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Análisis legal: enero

Supongo que Fujimori es inocente (31 enero, 2008)

            Supongo que Alberto Fujimori es inocente de los cargos en su contra.  No es lo mismo decir que creo que Alberto Fujimori es inocente.  Más bien, supongo que es inocente.

            La presunción de inocencia es un principio legal fundamental en la mayor parte del mundo hoy en día.  La palabra “suponer” se define como “conjeturar, calcular algo a través de los indicios que se poseen.”  A causa de la presunción de inocencia, el fiscal tiene el cargo de la prueba, y tiene que convencer al juez de que el acusado es culpable más allá de alguna duda razonable.  La defensa no tiene que probar nada, aunque pueda presentar evidencia que muestra que hay una duda en cuanto a la culpabilidad del acusado.

            La Constitución de los Estados Unidos no menciona la presunción de inocencia, pero ha sido una parte de la ley consuetudinaria en los países inglés hablantes durante siglos.  En el año 1895 la Corte Suprema de Estados Unidos declaró en el caso de Coffin v. United States, 156 U.S. 432, que “el principio de que existe una presunción de inocencia a favor del acusado es la ley sin duda, axiomática y elemental, y su aplicación se sitúa en la fundación de la administración de nuestro derecho penal.”

            Muchos países modernos han incluido explícitamente este derecho en su constitución.  Por ejemplo:

En Francia, Artículo 9 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789) dice que “Todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable”.

La constitución de Brasil (1988), Artículo 5, sección LVII, dice que “Nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria.”

En otros países este derecho se expone en el código procesal penal.  Por ejemplo:

– Artículo 4 del Código Procesal Penal de Chile dice: “Ninguna    persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.”

Artículo 9 del Código Procesal Penal de Costa Rica dice:  “el imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento.”

Lo más importante para Fujimori es que el Artículo 2, párrafo 24(A)(e), de la Constitución del Perú dice:

            “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.”

            Hace cuatro años, el Presidente Vicente Fox de México propuso una enmienda a la constitución de ese país que proveería una presunción de inocencia, pero hasta la fecha nada ha ocurrido.  Amnistía Internacional llamó recientemente al Congreso de México que modernice su sistema de justicia conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

 

Interrogatorios por los jueces (29 enero, 2008)

            En el juicio de Fujimori, los tres jueces toman un rol muy activo al interrogar a los testigos.  No sólo el juez presidente cuestiona a cada testigo, sino los otros dos jueces también.  La semana pasada los interrogatorios de los jueces a un testigo duraron casi una hora.

            Esta práctica es un vestigio del anterior sistema inquisitivo.  La cultura inquisitiva sigue pesando en el actual funcionamiento de los tribunales de justicia en los países de América Latina que han adoptado la reforma de sus procedimientos penales.

            En el sistema oral y adversativo, el juez debe asumir un rol distinto al de las partes.  El juez debe decidir el veredicto, pero es a las partes a quienes les corresponde probar los extremos de sus pretensiones, mediante la acreditación, contradicción y el debate.

            El rol de las partes en el proceso acusatorio es esencialmente dinámico, caracterizado por la enorme actividad que deben desarrollar para probar y acreditar los extremos de sus afirmaciones.  El juez debe asumir un rol eminentemente pasivo frente a la actividad probatoria de los abogados, debiendo limitar su actividad a la función decisoria de las pretensiones en conflicto y a ser un responsable de garantías.  Su rol se limita a ser simplemente un árbitro.

            Lo anterior, es todo lo contrario al rol que se ha venido asumiendo en un sistema, viciado e influido por la cultura inquisitiva, en el que tenía un rol protagónico en la búsqueda de la “verdad”.  Como dice el juez Juan Antonio Durán Ramírez de El Salvador, “En el nuevo proceso penal, el juez debe cumplir una labor pasiva en la actividad probatoria, pues es ajeno a las pretensiones en disputa; siendo la acreditación de ‘la verdad’, una actividad que le corresponde estrictamente a las partes. . . . En su calidad de árbitro y director del debate, su función debe limitarse a ser un observador minucioso de los elementos de prueba que se están produciendo frente a él, para decidir el litigio.”[1]

             Dada la configuración del juez dentro de la garantía orgánica de imparcialidad, su calidad de sujeto supra partes, y sobre todo porque el proceso es eminentemente contención de partes, la ‘verdad’ sobre los hechos ha de fluir de tal debate, de tal confrontación, mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio al testigo o perito; el juez no debe interrogar sobre los hechos.

            El juez, por el contrario, debe asumir un rol pasivo, especialmente al momento del interrogatorio de los órganos de prueba, pues ello no sólo compromete su imparcialidad sino que puede afectar enormemente los logros de una de las partes durante su interrogatorio.           

Se aconseja que las preguntas que formule el juez sean únicamente para aclarar puntos sobre información ya suministrada al juicio por el interrogado, y que resulte confusa u oscura.  No es aconsejable que el juez interrogue, pues es labor de las partes convencerle sobre los hechos a partir de la información que proporcione el testigo; y porque con las preguntas, por muy imparciales que sean, puede destruir lo que una de las partes ha logrado con su interrogatorio, en detrimento de la otra, sin que ello sea su labor o su rol.  Suministrar esos datos fácticos le compete a las partes con su interrogatorio.  Al juez le corresponde percibirlas y valorarlas, no hacerlas producir.  Y si el juez tiene dudas respecto de los hechos o circunstancias, en caso de duda, el juez debe considerar lo más favorable al imputado.

            Sin embargo, me parece que los jueces en el juicio de Fujimori son imparciales.  Interrogan a los testigos de cada parte con el mismo vigor, y parecen estar igualmente duros con todos.  

 

[1] Durán Ramírez, Juan Antonio, “Las técnicas de interrogatorio en el juicio oral” (Trabajo presentado en el Seminario de Derecho Procesal Penal, impartido por el Doctor Gilbert Armijo Sancho, en el Posgrado de Administración de Justicia de la Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, noviembre de 2000.)

 

El derecho de ser informado inmediatamente (25 enero, 2008)

         Hace dos semanas en el juicio de Fujimori (11 de enero), Carlos Domínguez Solis, quien era jefe de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia Nacional en julio de 1992, justo cuando fue secuestrado el empresario Samuel Dyer por la policía, testificó que en casos como el secuestro del señor Dyer, “no se debe informar al detenido sobre los motivos de su detención”.   ¿Es correcto?

         La mayoría de la gente supone que la policía tiene que leerle sus derechos cuando es detenida, incluyendo la razón por la que se produce la detención.  La verdad, no obstante, es que no hay nada en la constitución ni en las leyes de los Estados Unidos que requiera a la policía que diga inmediatamente el porqué de la detención.  Según el caso Miranda, hay que informarle al detenido de su derecho a un abogado y a guardar silencio, pero la Corte Suprema sólo dijo que es necesario antes de ser interrogado por la policía.  La enmienda sexta a la constitución estadounidense dice que usted tiene el derecho de ser informado de la naturaleza y la causa de la acusación en su contra, pero no dice CUÁNDO.

       En muchos países la ley es muy clara al señalar que la policía debe decirle inmediatamente el porqué de la detención.  Por ejemplo, el artículo 22 de la constitución de la India garantiza el derecho de ser informado “lo antes posible” de los motivos del arresto.  Según el artículo 94 del Código Procesal Penal de Chile, cuando se detenga a una persona, esta tendrá el derechoa que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad y, salvo el caso de delito flagrante, a que se le exhiba la orden que la dispusiere”.  La Corte Suprema de Canadá decretó que “por lo menos, las personas detenidas con propósitos de investigación, deben ser informadas con lenguaje claro y simple de las razones de la detención.  R. v. Mann, 2004 SCC 52

    El Perú también incluyó este derecho en su Constitución del 1993, adoptado al instar del entonces presidente Fujimori.  El Artículo 139, párrafo 14, dice clara y sucintamente:  “Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención.” 

     Además, el general Domínguez Solis también olvidaba que hay un tratado internacional que contesta esta pregunta y que es vinculante en el Perú.  El ICCPR (Convenio Internacional de derechos civiles y políticos), que se ratificó por el Perú en el 1978, estipula que “Quien sea detenido debe ser informado, al momento de la detención, de las razones de la detención y debe ser informado inmediatamente de los cargos en su contra.”  El tratado también fue ratificado por los Estados Unidos en el 1992, pero con una “reservación” que el tratado no funciona para crear ningún derecho de demandar a un policía que no cumple (esto se llamó un “fraude” por expertos de la ley internacional).  Un propósito clave del requisito de dar información sobre las razones para la detención es proveer al detenido la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención. 

         Este derecho obviamente no se dio al Sr. Dyer, quien fue detenido durante cinco días en un cuartel sin ser informado de nada.  La ley es clara en el Perú señalar que esto fue ilegal.  Y el general, finalmente, admitió durante su testimonio que Dyer fue secuestrado por orden del presidente Fujimori y que fue procesado por su asesor, Vladimiro Montesinos.

 

Testimonio de oídas (24 January, 2008)

         El lunes pasado, los jueces en el juicio de Fujimori pasaron gran parte del día escuchando testimonio de oídas.  Dos periodistas testificaron sobre lo que fue relatado por varios miembros del Grupo Colina, que presuntamente secuestró y mató a izquierdistas durante el régimen de Fujimori.

         La idea de usar testimonio de oídas en un juicio penal es chocante para los abogados de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Irlanda, Australia y otros países consuetudinarios.  “La regla contra testimonio de oídas excluye evidencia de declaraciones fuera de la corte por personas que no son testigos en el juicio, si el propósito es probar la verdad de la declaración,” según Julian Burnside, abogado litigante en Inglaterra.  “El sistema anglo-australiano, durante varios siglos, ha excluido testimonio de oídas,” dice él.  “La razón por excluir testimonio de oídas es simple:  no se puede poner la verdad de la declaración a prueba a menos que la persona que hizo la declaración comparezca para dar testimonio y pueda ser contrainterrogada.”  

         Ricardo Uceda, periodista de la revista Sí y del periódico El Comercio, también escribió el libro “Muerte en el Pentagonito – los cementerios secretos del ejército Peruano”, basado en lo que le dijo un miembro del Grupo Colina.  El lunes, Uceda testificó en la corte sobre lo que una persona anónima le dijo – que Fujimori no tenía conocimiento anterior de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. 

         Edmundo Cruz, periodista de Sí y el periódico La República, testificó que tres miembros del Grupo Colina le dijeron que el grupo fue un comando orgánico formado por cuadros del Servicio de Inteligencia del Ejército dirigido por Vladimiro Montesinos, con conocimiento de Fujimori.        

         Es claro que este testimonio tenía el propósito de probar la verdad de lo que dijeron las personas fuera de la sala.  Las cortes del mundo inglés hablante no podrían aceptarlo como evidencia.  La teoría de la regla contra testimonio de oídas es que las afirmaciones no son fidedignas.  Por ende, es necesario sujetar tales formas de evidencia a “escrutinio o análisis calculado para descubrir y exponer en detalle sus posibles defectos, y así permitir al tribunal (juez o jurado) que la estime como no más que su valor real”  (Wigmore on Evidence §1360).   Hay tres pruebas calculadas a exponer tales defectos:  Primero, requerimos que la afirmación sea bajo juramento; segundo, requerimos que la afirmación sea delante del tribunal; tercero, requerimos que la afirmación sea sujeta a contrainterrogatorio.

         Según la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando la declaración es directamente acusatoria, la defensa necesita una oportunidad para explorar los motivos del acusador.  Cuando la declaración sea producto de cuestionamiento policial, hay que asegurarse que el testimonio no es producto de coacción o intimidación impropia.  Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004).  Hay unas 24 excepciones a la regla contra testimonio de oídas, pero ninguna se aplica al testimonio del lunes.

         Sin embargo, las reglas en cuanto a testimonio de oídas son más relajadas en sistemas judiciales que son basadas en la ley civil (América del sur, Europa y gran parte del mundo).  En el sistema de derecho civil, las cortes (sólo con jueces y jurado) tienen libertad amplia a considerar la evidencia que se les presenta.  Especialmente cuando los jueces son abogados letrados, como aquí en el Perú, se puede suponer que tienen la habilidad de evaluar la fiabilidad de la evidencia y de dar menos valor a testimonio de oídas a menos que es corroborado por otra evidencia.   De hecho, el juez presidente en la audiencia del lunes hizo un gesto escéptico cuando el testigo relataba testimonio TRIPLE de oídas (el testigo dijo lo que su fuente le dijo que alguien le dijo a ella).

         La importancia de las evidencia del día fue evaluada de distintas maneras por peruanos.  El titular en el periódico Ojo dijo que “hunde a Fujimori”, mientras que La Razón dijo que “¡Sepultan acusación contra Fujimori!”  Uno de los abogados calificó el testimonio de “mediana importancia para abajo”, mientras que otro señaló que se trataba de un testimonio “muy importante”.

 

Secuestro  (23 enero, 2008)

Ha habido muchas discusiones durante el juicio a Fujimori sobre el secuestro.  Se pregunta a los testigos si pueden definir la diferencia entre “secuestro” y “detención”.  El abogado de Fujimori ha argüido que no hubosecuestros por parte de la policía o los militares, sino solo detenciones arbitrarias.  Niega la existencia de un patrón de secuestros de los oponentes de Fujimori.

El ex-presidente está acusado de ordenar el secuestro de Gustavo Gorriti Ellenbogen el 6 de abril de 1992, y de tres otras personas en otras fechas.  Gorriti, presuntamente, fue tomado en su casa por personal del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), llevado en un vehículo a las instalaciones del SIE y transferido al sótano.  Se quedó en una de las habitaciones hasta la mañana siguiente, cuando fue mandado a la comisaría.  ¿Fue un secuestro por el SIE, y fue apoyado por Fujimori?

El viernes pasado escuchamos el testimonio muy contundente de Jorge del Castillo, actual premier del Perú.  Relató con detalles apasionantes que los soldados que rodearon la casa el 5 de abril de 1992, lo tiraron al suelo, lo golpearon y amarraron, le pusieron un pasamontañas y lo llevaron a una habitación.  Allí lo guardaron durante cinco días y entonces lo liberaron.  Testificó que “Casi me matan el 5 de abril.  Fue una cosa muy violenta.  Detenido es cuando va un policía y lo conduce a una dependencia policial. Yo fui violentamente capturado, golpeado, encapuchado, amarrado y, bajo amenaza de muerte, llevado a un cuartel militar y aislado.  La percepción era que me estaban desapareciendo.”

Aunque el secuestro de Jorge del Castillo no es uno de los cargos en contra de Fujimori en este juicio, su testimonio del viernes ayudará a sostener la acusación del fiscal y demostrar que los otros secuestros formaban parte de un patrón más grande. De hecho, el testigo mostró a los jueces una orden firmada por el General Nicolás Hermoza que dispuso la detención de varias personas sin nombre, “por disposición superior”.  La única persona superior a Hermoza era Fujimori.

El Código Penal del Perú define el “secuestro” de la siguiente manera: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.”[i]  Si la víctima es funcionario, servidor público o representante diplomático, la pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.

Habrá poca duda de que Jorge del Castillo fue secuestrado por los militares.  El fiscal tiene el cargo de prueba, más allá de alguna duda razonable, que los otros secuestros, además de las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos, fueron planeados y ordenados por el acusado Alberto Fujimori. 

 

[i] Artículo 152, Código Penal del Perú

 

Contrainterrogatorio (19 enero, 2008)

            Una de las razones para el juicio oral, con testigos presentes, es el derecho de contrainterrogar a cada testigo.  Según la Corte Suprema de EE.UU., este derecho es un requisito del debido proceso.  John Henry Wigmore, el gran erudito jurídico, dijo que “sin duda, el contrainterrogatorio es la mejor máquina inventada por la ley para descubrir la verdad.”  [5 Wigmore, Evidence, p. 78]  Charles McCormick, otro experto en EE.UU. en cuanto a la ley de evidencia, dijo lo siguiente:  “Para dos siglos, los jueces y los abogados del derecho consuetudinario han considerado la oportunidad de contrainterrogar como una salvaguardia esencial de la veracidad y de la plenitud del testimonio, y han insistido en que la oportunidad sea más que un privilegio, que sea un derecho.”  [McCormick on Evidence, p. 78]  El Juez Cory del Tribunal Supremo de Canadá dijo lo siguiente en el caso de Regina v. Osolin [1993], 4 S.C.R. 595:

No hay duda de la importancia del contrainterrogatorio.  Es esencial en determinar si es creíble un testigo. . . . Puede proveer el medio para explorar las flaquezas del testimonio.  Por ejemplo, puede demostrar un defecto de vista o de oído de un testigo.  Puede establecer que las condiciones del tiempo limitaron la capacidad del testigo para observar, o que la medicación que tomaba el testigo podía haber tergiversado la visión o el oído.  No se puede denegar su importancia.  Es el medio máximo para demostrar la verdad y para examinar la veracidad.  La oportunidad de contrainterrogar a los testigos es fundamental en proporcionar un juicio justo al acusado.”

            El contrainterrogatorio, en la ley consuetudinaria, significa el uso de preguntas sugerentes, que contienen respuestas sugeridas.  “¿No es correcto, Sr. Testigo, que el 5 de abril usted estuvo presente durante esa reunión?  Sí o no.”  El abogado, cuando contrainterrogue, debe ser el encargado del tribunal, y no debe permitir que el testigo simplemente repita, más ampliamente, el testimonio que dio cuando fue cuestionado por el abogado que lo citó.  Un buen contrainterrogatorio puede forzar que el testigo diga o admita cosas que no quería revelar, o puede mostrar que el testigo miente o esconde la verdad.

            Los abogados en el juicio de Fujimori raras veces han empleado este tipo de contrainterrogatorio cuando yo los observé.  Por lo general usan cuestiones abiertas, permitiendo que el testigo dé respuestas largas.  El abogado defensor Nakasaki ha demostrado lo más habilidades en el tema, a menudo preguntando “¿Es correcto que . . . .?”  No obstante, cuando el General Domínguez testificaba por parte del fiscal la semana pasado, ¡el fiscal fue él que usó preguntas sugerentes!

            El mejor contrainterrogatorio, inesperadamente, ha procedido de los jueces.  Los tres normalmente cuestionar a los testigos después que terminan los abogados, usando preguntas sugerentes y a veces mostrando incredulidad en cuanto a algunas respuestas.  A menudo interrumpen el testimonio del testigo; una vez el Juez Presidente interrumpió al Sr. Fujimori cuando éste daba su comentario después del testimonio de un testigo.  Es difícil para un abogado objetar a las preguntas de un juez, aunque el Sr. Nakasaki lo hizo cuando un juez comenzó a cuestionar un testigo después de que ha terminado el período de cuestionar, pero su objeción fue denegada.  No hay provisión ninguna en el Código de Procedimientos Penales para re-examen directo o re-contrainterrogatorio, aunque nueva información fuera presentada en las respuestas de un testigo a las preguntas de otros abogados.

 

La Sala (17 de enero, 2008) 

El juicio de Fujimori se realiza en un tribunal construido especialmente para el proceso. Está ubicado a las afueras de Lima en dirección este y se encuentra, por seguridad, dentro de una base militar.

La asistencia es atentamente regulada y no se permite el ingreso al público en general. Para ingresar se debe atravesar una serie de controles de seguridad, además de someterse a un detector de metales y hacer entrega de celulares, cámaras, llaves y cualquier accesorio punzo cortante (excepto lápices y lapiceros). 

En el interior hay 56 asientos en la sección de espectadores. Los lugares son reservados y cada persona debe sentarse en el sitio indicado. Los jueces cuentan con un gráfico para que sepan quiénes los observan.

Una pared de vidrio, supuestamente a prueba de balas, divide a los espectadores del resto del tribunal. Adelante, tras una gran mesa, se ubican los tres jueces. Cada uno de ellos cuenta con una lap top. Frente a la mesa, expuesto de manera destacada – a veces atentando contra la visión del juez centra- , se puede observar un crucifijo de 38 centímetros. Al lado de la cruz hay una biblia católica muy grande en la que cada testigo, luego de decir que es católico, pone su mano al jurar que dirá la verdad. La semana pasada, un testigo dijo ser cristiano evangélico y no puso su mano sobre la biblia católica cuando juró.

A la derecha de los jueces se ubica el fiscal, José Antonio Paláez Bardales, con sus dos asistentes detrás de él. A la izquierda de los jueces está el abogado defensor César Nakasaki, acompañado de sus dos o tres asistentes. Delante de los jueces, de espaldas al público se encuentra Fujimori.

Las colocaciones están estipuladas en el Código de Procedimientos Penales del Perú (Artículo 235 º). Al costado de los fiscales están tres mesas largas con tres abogados en cada mesa.  Son los abogados de la parte civil, es decir abogados de las ONG de derechos humanos que representan a las víctimas de Fujimori. A diferencia de los países tradicionales, el Perú permite que las víctimas presenten sus demandas y participen en el caso penal.  En teoría, los jueces pueden fallar a favor del acusado si los cargos penales no son probados más allá de alguna duda razonable. Pero el fallo seria positivo para las víctimas si tan solo se llega a establecer los indicios de culpabilidad de Fujimori por un predominio de la evidencia.

En la sala también están tres camarógrafos, un fotógrafo, tres o cuatro guardias, un policía, un asistente para cada juez y una secretaria que escribe constantemente en su computadora. Los asistentes y guardias transitan constantemente detrás de los jueces.

Los espectadores asemejan hinchas en un evento deportivo. A la izquierda, mirado a los fiscales y abogados de la parte civil, están las familias de las víctimas y los representantes de las ONG. A la derecha están la familia y partidarios de Fujimori. Detrás de ellos están varias sillas para los observadores internacionales, todas vacías excepto una (soy el único observador internacional, por el momento).

Letreros en las paredes nos recuerdan que no podamos fumar y que mantengamos silencio, además de garantizarnos que nos encontramos en “zona segura en casos de sismos”. 

Normalmente debemos quedarnos sentados, salvo cuando entran los jueces y cuando juramentan los testigos.  La familia y amigos de Fujimori también se paran cuando entra él a la sala. 

Al lado del tribunal hay una sala grande para los espectadores generales permitidos.  Hay asientos para 160 espectadores, de los cuales el 75% están ocupados cada día.  Dos pantallas de tamaño cinematográfico muestran lo que pasa en el tribunal de al lado.  Existe, además, una sala separada para la prensa donde 6 u 8 periodistas escriben sus despachos en sus computadoras.  PRAXIS está representado por una abogada peruana, Ana María Vidal Carrasco, que asiste al juicio cada día y escribe los informes del juicio para este web blog.

 

Impresiones iniciales (15 de enero, 2008)

Un visitante no familiarizado con procedimientos en las cortes de Sudamérica se dará cuenta de muchos aspectos sorprendentes e inusuales en el juicio del ex-presidente Alberto Fujimori.  Voy a mencionar algunos hoy, y tendré más comentarios en ensayos futuros.

Este es un juicio oral, con interrogatorios y contrainterrogatorios de los testigos.  Muchos países en América Latina han cambiado del sistema inquisitorio a un sistema oral que es similar al de los países consuetudinarios (Inglaterra y sus colonias antiguas, incluyendo EE.UU.).  En el sistema previo el juez estaba encargado de la indagación del crimen, realizaba los cargos en contra del acusado, y, finalmente, decidía la culpabilidad o inocencia. Todo esto después de leer todos los informes y escuchar a los abogados. Normalmente el juez no escuchaba los testimonios de los testigos.

A diferencia de muchos otros países de América Latina, el Perú cambió al juicio oral hace muchos años (en el 1939).  Hay un fiscal quien está encargado de indagar el caso, de hacer los cargos y de presentar los testigos del gobierno en la audiencia.  Hay un abogado defensor, y si el acusado se queda sin recursos para contratar a un abogado, se nombra un defensor público.  Es un sistema adversativo, no es el antiguo sistema inquisitorio.

No hay jurado.  En cambio se cuenta con tres jueces que escuchan la evidencia y deciden el caso por voto de la mayoría.  No obstante, en vez de ser árbitros pasivos, que sólo escuchan la evidencia producida por los abogados, en el Perú los jueces toman un rol activo en interrogar a los testigos.  Hacen preguntas para clarificar el testimonio y, además, usan técnicas de contrainterrogatorio para forzar a los testigos a que digan “la verdad”.

Esta forma de juicio sorprende mucho a los extranjeros que fueron educados en el sistema consuetudinario.

Sumado al fiscal, al abogado defensor y a los jueces que preguntan a los testigos, en el juicio de Fujimori hay por lo menos nueve abogados de la Parte Civil.  Estos abogados representan organizaciones no-gubernamentales o presuntas víctimas del acusado y todos pueden interrogar a cada testigo.  Además se permite al acusado comentar después el testimonio de cada testigo.

Se permite que los testigos brinden su testimonio a oídos, diciendo lo que han oído de personas que no están en la corte.  Además, puede decir lo que creen que pasó.  Asimismo, los testigos pueden compartir sus opiniones sobre las cuestiones definitivas.  Por ejemplo, el viernes pasado un testigo opinó que Fujimori fue un dictador y traicionó al país, y otros testigos especularon sobre las razones que tenían los funcionarios del gobierno para justificar sus actos.

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