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Juicio de Fujimori un nuevo momento de la democracia peruana

  Sofía Macher[1 (Foto tomada del sitio de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.) 

Enero 2008

Durante los años que duró la dictadura de Alberto Fujimori, fuimos un país secuestrado. Controló la información corrompiendo a muchos dueños de medios de comunicación y creó escenarios para manipular a la opinión pública.

Uno de esos escenarios fue el que monto alrededor de la derrota del terrorismo y sus remanentes, utilizándolo como campaña política. Al inicio del juicio Cantuta – Barrios Altos, pretendió utilizar como estratagema las ideas sembradas entonces: En un intento de discurso político, negó todos los cargos alegando que el había salvado al país del terrorismo y por tanto no se le podía acusar de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

La importancia del juicio de Fujimori es enorme para la historia republicana de nuestro país. Es probable que no logre cambiar las convicciones de algunas personas, que seguramente negarán todos los hechos que se vienen develando en los juicios y que tercamente querrán explicarlos como una venganza política o como excesos inevitables “para salvar a los 25 millones de peruanos del terrorismo” (por supuesto, evadiendo comentar sobre los cargos de corrupción por los que ya tiene una sentencia y le esperan otras). Pero esto ya es historia: inevitablemente las nuevas generaciones lo conocerán en su real dimensión.

Las futuras generaciones conocerán la historia a la luz de los resultados de estos procesos judiciales. Se está escribiendo un capítulo de nuestra historia que será una importante enseñanza para futuros gobernantes de nuestro país. Este proceso marca el final de un capítulo.

Es importante además, por muchas otras razones. En primer lugar, pone a prueba al Poder Judicial y abre la posibilidad de recuperar credibilidad ante los ciudadanos. Fujimori destruyó el Poder Judicial y el Ministerio Público. Desde el golpe del 5 de abril de 1992, instaló comisiones interventoras nombradas por él para administrar la justicia so pretexto de reformarla. Cuando luchábamos por la recuperación de nuestra democracia a finales de los 90s, uno de los temas centrales del desmontaje de la dictadura, entre varios otros, fue el retiro de las comisiones interventoras del Poder Judicial y del Ministerio Público. Hoy, un Poder Judicial libre de intervenciones pero en el que subsisten algunos elementos afines a la mafia de entonces, debe demostrarnos que si es posible conducir un juicio que respeta el debido proceso, en el que el acusado tiene garantizados sus derechos, y en el que se haga justicia. El Presidente de la Sala, César San Martín va por buen camino, pero habrá que esperar hasta el final del proceso en segunda instancia.

Es importante también, porque es un juicio público y aún sin conocerse la sentencia, transmite una imagen que habla por sí sola: No importa cuan poderoso puede haber sido una persona, si se le imputan graves delitos, debe responder ante la justicia. De alguna manera es el signo de los nuevos tiempos. Con seguridad es una imagen que guardarán todos nuestros futuros gobernantes y nuestros jóvenes que no conocieron las dimensiones de la dictadura de Fujimori/Montesinos.

Internacionalmente es un ejemplo de la importancia de que los procesos judiciales se desarrollen en su propio país. Sin duda, éste proceso está contribuyendo positivamente a la imagen de nuestro país en el exterior, pero también a consolidar la idea de que Los derechos humanos son una responsabilidad de la comunidad internacional y a la comprensión de que, si no se asume la responsabilidad de la jurisdicción universal, cuando se cometen graves violaciones de derechos humanos y/o graves actos de corrupción, no se puede dar protección a los criminales y estos deben ser devueltos a sus países de origen para que sean juzgados adecuadamente.

Es un momento histórico también para el movimiento de derechos humanos, que, a contra corriente, llevamos los casos hasta el sistema interamericano. Los casos de “Barrios Altos” y “La Cantuta” son emblemáticos de los 90s. Cuando la jueza Saquicuray citó a Montesinos y Hermoza, entonces jefe máximo de las Fuerzas Armadas, a comparecer a su juzgado por el caso Barrios Altos, esa misma madrugada se aprobó un ley de amnistía que obligó a suspender el juicio y los miembros del Grupo Colina fueron inmediatamente puestos en libertad. Mucha agua a corrido bajo los puentes desde entonces y muchos han sido los que dudaron de que alguna vez los responsables pudieran sentarse en el banquillo de los acusados o, incluso, de ver de vuelta en el país y extraditado, a quien estuvo durante tantos años prófugo. Pero se logró, especialmente gracias al tezón del movimiento de derechos humanos.

Escuchar ahora a Fujimori en el tribunal, diciendo que lamenta esas muertes pero que no tuvo conocimiento de ellas, o que él, que concentró el poder, no daba ordenes y que la culpa de estos crímenes es exclusiva responsabilidad de los militares; o que Las felicitaciones, ascensos y pagos de bonificaciones a los integrantes del grupo Colina, después de las matanzas, las firmó sin saberlo, sin darse cuenta; es una evidencia de que estamos en otra etapa. Etapa en la que ahora son otras las reglas de juego pero en la que también será un reto para el movimiento de derechos humanos lograr que prevalezcan los conceptos y valores sobre los que debe edificarse una democracia (principios que también defendimos cuando él nos acusaba de pro terroristas).

La importancia que este proceso tiene para las víctimas y sus familiares, es otro aspecto a resaltar. Ahora pueden sentirse ciudadanos y ciudadanas plenas de este país, que la justicia no es solo de los “ricos o poderosos” del país. Si bien el castigo por los crímenes cometidos no les devolverá a sus seres queridos, es de gran importancia porque el Estado por fin reconoce el crimen cometido y juzga a los responsables. Se convierte este proceso entonces, en una poderosísima herramienta de inclusión, y sin duda tendrá un impacto en la salud mental de todos ellos.

Por años, estos crímenes fueron justificados como “excesos inevitables que se dan en la lucha contra el terrorismo”. Los familiares por años salieron a las calles a reclamar justicia y fueron ignorados y agredidos. Ahora están sentados en primera fila de la Sala observando el proceso. El efecto trasciende los casos de Cantuta y Barrios Altos: de alguna manera, las demás personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante el régimen de Fujimori verán en este juicio que también se les hace justicia a ellos.

En conclusión, el proceso esta contribuyendo a desmontar la versión fuji-montesinista de los noventa y esta confirmando la versión presentada por la CVR en su Informe Final. El golpe del 5 de abril de 1992 fue un hecho injustificado que tuvo como principal objetivo eliminar la oposición política y pasar a tener el control total de todas las instituciones del Estado para tejer una red de corrupción que gozó de total impunidad. Los ciudadanos peruanos no debemos dividir el discurso de la lucha antiterrorista de la red de corrupción creada, el terrorismo fue el pretexto que les dio las manos libres para robarse el dinero del país.


 

[1]Actual presidenta del Consejo de Reparaciones, ha sido comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entre los cargos que ha ocupado destaca la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú. Ha formado parte del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, como responsable política de las oficinas descentralizadas de servicios en: París, Madrid, Cairo, y Hong Kong. Ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio “Flora Tristan”, (organización feminista Flora Tristan); La Pluma de Oro (Asociación Nacional de Periodistas); Premio a la Resistencia (revista Caretas) 1998, por sus años de trabajo en defensa de los derechos humanos.