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Alegatos de la defensa de Fujimori: “Las características de la detención de Dyer son incompatibles con un trato cruel”.

March 9th, 2009 · No Comments

(Hijos de Alberto Fujimori, Kenji y Keiko Fujimori. Foto: Praxis) 

4 de marzo de 2009 

Centésimo quincuagésima sesión.- César Nakasaki Servigón, abogado de Fujimori continuó con la presentación de sus alegato (exposición del abogados de las razones de hecho y jurídicas en defensa de su patrocinado), según los cuales Fujimori no debiera  ser condenado por el caso de Samuel Dyer Ampudia; asimismo, manifestó que con respecto a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, estos se dieron cuando Fujimori era Presidente del Perú, y como tal era Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y personificaba a la Nación.

I. Alegatos de la defensa de Fujimori.-

1. Samuel Dyer Ampudia. Manifestó el abogado que por economía procesal, no repetiría todo lo que argumentó en el caso Gustavo Gorriti Ellenbogen; en este sentido, demanda lo mismo:

  • Ausencia de pruebas.
  • Prescripción (vencimiento del plazo para juzgarlo).
  • Atipicidad del hecho (es decir los hechos que se cometieron con Dyer no se encuentran descritos como delito de secuestro en el Código Penal peruano).
  • No se puede probar que hubo un trato cruel contra Dyer Ampudia.

Sobre el hecho que no hubo trato cruel, el abogado presentó como pruebas los testimonios de:

Asimismo, manifestó que no existe alguna prueba que demuestre que la detención de Dyer Ampudia, fue debido a una orden dada por Alberto Fujimori.

2. Caso Barrios Altos y La Cantuta

2.1.  Absolución por ausencia de pruebas.- Al igual que en los caos sobre Gorriti Ellenbogen y Dyer Ampudia, Nakazaki argumentó que no existen pruebas para sentenciar a Fujimori por estos casos, para lo cual empezó su respectivo alegato manifestando:

2.1.1. 5 de abril de 1992, “Gobierno socialmente adecuado”.

Según el abogado de Fujimori el autogolpe del 5 de abril de 1992 (mediante el cual  se  cerró el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales), dio origen al “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, y este no habría constituido rebelión, debido a que fue un hecho socialmente adecuado, que tuvo el consentimiento de la mayoría del pueblo, el cual es el “titular del bien jurídico nacional”.

En este sentido, de acuerdo al Código Penal peruano, Fujimori no tuvo responsabilidad penal, es decir no cometió delito. Para su explicación se basó en cuadros sobre todos los golpes de Estado vividos en Perú  y las Constituciones Políticas que ha tenido el Estado desde el año 1867,  a su vez manifestó que debido a que delegó a una Asamblea Constituyente (Congreso Constituyente Democrático, CCD) las tareas constitucionales y legislativas y fiscalizadoras.

Consecuentemente, el CCD, es decir la Asamblea Constituyente, dictó una  Ley Constitucional la cual estableció que Fujimori era el jefe constitucional de la República y personificaba a la Nación.

Por lo que, cuando se perpetraron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori era un Presidente ajustado a derecho, ya que tenía el respaldo popular y del CCD.

Según él, en noviembre de 1991 cuando se produjeron los hechos de Barrios Altos y los de La Cantuta –es decir, luego del 5 de abril de ese año – su defendido fue un Presidente de jure, es decir, ajustado a Derecho, y como tal era el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y podía establecer una política contrasubversiva.

II. Incidentes alrededor del proceso penal.-

Nuevas declaraciones y documentos del ex jefe formal del SIN.-

La nueva defensa del militar en retiro Julio Salazar Monroe, quien fue el jefe formal del SIN en el momento en que se perpetraron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, ha manifestado que el día 13 de este mes (fecha en la que exponga su alegato por el recurso de nulidad interpuesto), presentará un documento oficial que remitió Salazar Monroe como jefe del SIN a Fujimori.

Según la defensa de Salazar Monroe en este documento de 20 de junio (es decir antes de los crímenes perpetrados por el Destacamento Colina), éste militar le avisa a Fujimori sobre la conformación del “grupo de análisis”, detalla el nombre de sus integrantes y solicita un reconocimiento para estos militares, algunos de los cuales son:

Cabe mencionar, que este militar dio su testimonio en este proceso en el mes de junio del año pasado, y en esa fecha era patrocinado legalmente por el estudio de abogados de César Nakasaki (el mismo abogado que patrocina a Alberto Fujimori y a Nicolás de Bari Hermoza Ríos), asimismo fue sentenciado a 35 años de cárcel por delito de desaparición forzada, siendo la primera vez en la historia del Perú, que se ha sentenciado a un general del Ejército Peruano por este delito de lesa humanidad.

Sin embargo, el militar decidió cambiar de abogado, actualmente lo patrocina el abogado Iván Torres La Torres.

Proceso penal a Montesinos por secuestros.-

El Poder Judicial peruano inició un proceso penal a Vladimiro Montesinos Torres (actualmente procesado por corrupción y violaciones de derechos humanos, tiene también una condena de 20 años de prisión por tráfico de Armas a la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC) por los supuestos secuestros agravados a:

Los secuestros fueron perpetrados la noche del 5 de abril de 1992 y las víctimas fueron recluidas en cuarteles del Ejército Peruano y buques de la Marina de Guerra del Perú.

III. Próxima sesión.-  

La próxima sesión de audiencia será el lunes 9 de marzo, donde el abogado de Fujimori continuará con la presentación de sus alegatos, posteriormente, de acuerdo al Código Penal peruano (Artículo 272), se concederá la palabra al acusado Fujimori.

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