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Última sesión de presentación de pruebas por parte del Ministerio Público

November 13th, 2008 · 1 Comment

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(Fiscal Avelino Guillén. Foto: La República

10 de noviembre de 2008

Centésimo décimo octava sesión.-  El Ministerio Público culminó en esta sesión la presentación de pruebas para demostrar su acusación: la autoría mediata de Fujimori en los crímenes cometidos por el Destacamento Colina, así como los secuestros del periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen y el empresario Samuel Dyer Ampudia.

Medios probatorios presentados:

1.     Siete Sentencias del Tribunal Constitucional entre los años 2004 y 2007.-

1.1.    Cuatro sentencias respecto a procesos de hábeas corpus interpuestas por los militares acusados de integrar del Destacamento Colina: Juan Norberto Rivero Lazo, Julio Salazar Monroe, Máximo Cáceda Pedemonte y Gabriel Vera Navarrete.

1.2.    Dos respecto a procesos de amparo interpuestas por Santiago Martin Rivas.

1.3.    Una sentencia sobre el proceso de amparo interpuesta por Julio Salazar Monroe. En esta sentencia el Tribunal manifestó que: “que la obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declaradas en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo comprende la nulidad de aquellos procesos donde se hubiesen aplicado las leyes de amnistía N.º 26479 y N.º 26492, tras haberse declarado que dichas leyes no tienen efectos jurídicos, sino también toda práctica destinada a impedir la investigación y sanción por la violación de los derechos a la vida e integridad personal, entre las cuales se encuentran las resoluciones de sobreseimiento definitivo como las que se dictaron a favor del recurrente.” (párrafo 32 de la referida sentencia)

Estos procesos constitucionales fueron iniciados por los procesados por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, debido a que buscaban archivar sus procesos penales con el argumento de que ya se les había sentenciado en el fuero militar; sin embargo, el TC  no concedió la libertad de los acusados, sino que inclusive se manifestó sobre la nulidad de las leyes de amnistía. Cabe recordar, que de acuerdo al mandato constitucional y a la legislación peruana, el Tribunal Constitucional es el Supremo Interprete de la Constitución (Artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), por lo que la interpretación que haga el Tribunal Constitucional.

Según el representante del Ministerio Público el objetivo del Destacamento Colina “era eliminar personas, por eso es que el Tribunal Constitucional señaló que no se puede cobijar leyes de amnistía a violaciones a los derechos humanos”.

2.         Tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los crímenes de  casos Barrios Altos y La Cantuta, en las cuales la CORTE halló responsable al Estado peruano.

Al respecto, el fiscal Guillén manifestó que el fallo del crimen de La Cantuta de 29 de noviembre de 2006, la CORTE estableció que Colina fue un Destacamento adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que operó con conocimiento de Fujimori y el Comando del Ejército y que este destacamento cumplió una política de Estado, con en el objetivo de identificación, control y eliminación de supuestos terroristas y personas contrarias al régimen de Fujimori.

Cabe mencionar, que en esta sentencia la CORTE consideró que “El aparato del poder estatal fue indebidamente utilizado para cometer crímenes de Estado (en una chocante distorsión de los fines del Estado), constituyendo violaciones inadmisibles del jus cogens, y para después encubrir dichos crímenes y mantener sus agentes, perpetradores de los mismos, en la impunidad, y los familiares de las víctimas (también victimados) en la más completa desolación y desesperación, – en casos como los de La Cantuta y de Barrios Altos, en que los crímenes contra los derechos humanos fueron perpetrados en el marco de una comprobada práctica criminal del Estado” (párrafo58 de la sentencia).

3.         Sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima contra Julio Salazar Monroe.

Cuestionamientos de la defensa de Fujimori.-

Sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, la defensa de Fujimori, asumida en esta sesión por la abogada Gladys Vallejo Santa María, manifestó que estas no pueden ser tomadas en cuenta pues tienen una motivación política, que es la de que Fujimori no se presentara en como candidato a las elecciones presidenciales.

Respecto a las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana, la abogada Vallejo Santa María, indicó que el Estado se allanó ilegalmente, que las sentencias de este tribunal internacional no tienen carácter vinculante, adicionalmente que en ellas, no se sancionó personalmente a su defendido sino al Estado peruano.

Además, cuestionó que en ellas se haya utilizado como fuente el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que, dijo, no es un informe eminentemente jurídico.

Presentación de pruebas por parte de los abogados de la parte civil (abogados de los familiares de las víctimas).-

Posteriormente, el abogado de la parte civil, Carlos Rivera Paz, inició la incorporación de pruebas al debate con la presentación de temas del Informe Final de la CVR. A su pedido, se oralizaron algunos párrafos de su contenido.

Próxima sesión.- 

La próxima sesión se realizará el miércoles 12 de noviembre, en la cual los abogados de la parte civil  deberán presentar los medios probatorios que consideren pertinentes para su lectura. 

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1 response so far ↓

  • 1 Felix Gamboa // Nov 26, 2008 at 7:47 pm

    Ante todo un comentario general de lo acontecido en esta sesión, lo principal es que por fin el fiscal terminó su participación, nos dejo a todos cansados y aburridos, incluido el tribunal. En cuanto al total de sus aportes, los hizo en 18 sesiones, 90 horas laborables de 40 personas aproximadamente, 360 h/h de profesionales de primer nivel en el estatus del derecho hasta otros de menor categoría en otros rubros; sin embargo, si tendríamos que hacer un balance costo-beneficio, tendríamos un caso de total perjuicio económico para el país, puesto que poco o nada sustancial ha elaborado la fiscalía que sustente seriamente una acusación, están igual que el primer día, en “pruebas iniciarías” sin haberlas podido conectar, sustentar o corroborar con otros hechos o pruebas (en esta etapa documentales), por ende no validas como instrumentos motivadores de una sentencia; por otro lado, podemos afirmar que finalizó “sin gloria y con pena”, puesto que de no ser por los minutos que “comentó” –sin que ello signifique que sustentó la conducencia de la pruebas- la denuncia de Robles y la nota de inteligencia que le pusieron debajo de la puerta de San Román, el tiempo que usó el micrófono hubiera sido técnicamente silencio absoluto; ya que ninguno de sus otros documentos constituye prueba legal, es mas ambas personas (Robles y San Román) dieron su testimonio en el juicio, en consecuencia sus documentos, como creadores o portadores, tienen menor valor, lo determinante es su testimonial.
    Volviendo a la Sesión, amigos del mundo entero, AQUÍ TENEMOS UN CASO APARTE, EL FISCAL USANDO LA CONOCIDA FALACIA DE “APELACIÓN A LA AUTORIDAD”, PUESTO QUE SU SENTENCIA O DETERMINACIONES NO SON VINCULANTES, PARA NADA, TOMA A LA “CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” Y LUEGO AL “TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”, AL PRIMERO CON TRES O CUATRO SENTENCIAS Y AL SEGUNDO CON SIETE, atribuyéndoles calidad de “prueba documental”, cuando realmente no lo son, puesto que Fujimori, no es parte en esos procesos; POR ENDE, NO TIENE NINGÚN EFECTO SOBRE LAS DECISIONES DE ESTE TRIBUNAL, EN ESE SENTIDO. Pero ahí no queda la cosa, resulta que LA CORTE EN SUS SENTENCIAS UTILIZA COMO ARGUMENTO LA AFIRMACIÓN DE “QUE EN EL PERÚ HUBO UNA SISTEMÁTICA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, NOS PREGUNTAMOS, ¿ELLOS INVESTIGARON ALGO?, ¿DE DÓNDE OBTIENEN ESA CONCLUSIÓN?; NO INVESTIGARON NADA PUESTO QUE NO ESTÁN PARA ESO, simplemente son receptores de denuncias y se pronuncian aceptando o rechazando las denuncias; EN ESTE CASO, PARA SU SENTENCIA TOMAN TEXTUALMENTE ESTA AFIRMACIÓN, NADA MENOS QUE DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD; ahora bien ¿cómo llega esta comisión a esa conclusión?, no tendríamos forma de saberlo, excepto por lo expresado en sus conclusiones que se auto descalifican, puesto que no tienen el sustento técnico requerido para un trabajo de investigación serio; pero al respecto, felizmente en este juicio, SE LE INTERROGO AL COMISIONADO DE GREGORI Y AFIRMÓ que arribaron a esa conclusión “POR LOS HECHOS” (POR INTERMEDIO DE NAKAZAKI EN SU TESTIMONIAL); ¿QUÉ HECHOS?, “EL PASEO DE FUJIMORI EN EL PENAL DESPUÉS QUE MURIERON LOS PRESOS LUEGO DEL LEVANTAMIENTO Y EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN, LUEGO DEL RESCATE Y DE LA MUERTE DE LOS TERRORISTAS DEL MRTA”; entonces, ¿RESULTA SERIO QUE UNOS INVESTIGADORES SOCIALES A QUIENES EL ESTADO PAGÓ SUS SERVICIOS, ARRIBEN A AFIRMACIONES TAN INCRIMINATORIAS COMO “LAS SISTEMÁTICAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL ESTADO” CON ESOS ARGUMENTOS?, ESTO ES RIDÍCULO Y VERGONZOSO, ES MAS ESTO TÉCNICAMENTE ES UN FRAUDE, PORQUE LA “INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” TIENE SUS REGLAS, Y TODO PROFESIONAL DEBE RESPETARLAS (QUE NO LAS VOY A MENCIONAR PARA NO HACER MÁS LARGO EL COMENTARIO); MÁS AUN, SI TENEMOS EN CUENTA QUE EL JEFE DE ESTA COMISIÓN, ERA NADA MENOS QUE QUIEN DESEMPAÑABA EL CARGO DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (SALOMÓN LERNER), LA COSA ES MÁS GRAVE Y TOMARÍA LAS CARACTERÍSTICAS DE COMPONENDA. Pero el hilo sigue, a su vez el Tribunal Constitucional en sus siete sentencias toma como argumento la misma afirmación que usa la Corte Interamericana, “LAS SISTEMÁTICAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL ESTADO”, LA QUE A SU VEZ PROVIENE, SEGÚN EXPRESIÓN TEXTUAL DE ESA CORTE, DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, la que la engendró, según la explicación de De Gregori que hemos mencionado en el párrafo anterior; POR TANTO, EL RAZONAMIENTO ES: FUJIMORI SE PASEÓ ANTE LOS MUERTOS EN EL PENAL Y EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE JAPÓN, ERGO ES “AUTOR DE UNA POLÍTICA DE SISTEMÁTICA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS”.
    EN CONCLUSIÓN, LA “COMISIÓN” ENGENDRA UN CONCEPTO TÉCNICAMENTE NO VALIDO Y COGNOSCITIVAMENTE FALSO, “LAS SISTEMÁTICAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL ESTADO”; EL CUAL ES TOMADO COMO ARGUMENTO POR LA “CORTE” Y EXPRESADO REPETITIVAMENTE EN TODAS SUS SENTENCIAS, CON CITA TEXTUAL atribuyéndoselo a la comisión de la verdad; LUEGO EL “TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”, ASUME EL TEXTO DE LA “CORTE”, QUE A SU VEZ VIENE DE LA “COMISIÓN” Y LO EMPLEA COMO MOTIVACIÓN EN SUS SENTENCIAS, ARGUMENTANDO QUE LA “CORTE ASÍ LO HA DETERMINADO”; ENTONCES, -Y AQUÍ LA DEDUCCIÓN ES TOTALMENTE VÁLIDA- QUIEN SENTENCIÓ EN LA “CORTE” Y EL “TRIBUNAL” FUE LA “COMISIÓN”; de leer esto EL MAGISTRADO MARTIN PALLIN, SE MORIRÍA DE RISA, PUESTO QUE SEGÚN ÈL, “UNA SENTENCIA VALE LO QUE VALE SU MOTIVACIÓN”, y ésta evidentemente no vale nada. Pero como ya hemos probado, en el juicio y en este comentario, que LA “COMISIÓN” UTILIZÓ MÉTODOS ANTI TÉCNICOS, RAZONAMIENTOS FALACES Y SU INVESTIGACIÓN ESTUVO TOTALMENTE PARCIALIZADA (TAPIA EX MILITANTE DE SENDERO LUMINOSO, SEGÚN PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA Y DE GREGORI EX SUBORDINADO DE ABIMAEL GUZMÁN EN LA UNIVERSIDAD SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA); DEVIENEN EN INVALIDAS LAS SENTENCIAS DE LA “CORTE” Y DEL “TRIBUNAL” PUESTO QUE SU ORIGEN ES FALSO Y ANTI TECNICO. Esto lo sabe perfectamente el tribunal, San Martin-Prado-Príncipe, puesto que han sido capacitados en lógica jurídica y tienen un mínimo porcentaje de sentido común, en el peor de los casos.
    Cabria preguntarse ¿Cómo es que esto funciona tan bien y fácilmente la falsedad viaja ida y vuelta del Perú a Costa Rica y no pasa nada?, ¿Cómo dos órganos de “supuesta” alta jerarquía jurídica, no se percatan que estaban motivando una sentencia en algo insustancial?; en condiciones normales, esto no podría ocurrir, pero busquemos una explicación en los hechos; LOS ABOGADOS DE LA PARTE CIVIL (asalariados de las ONG`s), RAZONAN QUE PORQUE LA “CORTE” Y EL “TRIBUNAL”, ASÍ ENTENDIERON Y LO HAN EXPRESADO EN SUS SENTENCIAS QUE EXISTÍAN “SISTEMÁTICAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL ESTADO”, ESTE TRIBUNAL (SAN MARTIN, PRADO Y PRÍNCIPE) LO TIENE QUE ESTABLECER, DE IGUAL MANERA, EN SU SENTENCIA; PUES BIEN, LO QUE ES EVIDENTE ES UNA HERMANDAD IDEOLÓGICA EN ESTOS ENTES: LA ENGENDRADORA DEL CONCEPTO “ESTADO VIOLADOR DE DERECHOS HUMANOS”, ES LA “COMISIÓN DE LA VERDAD” FORMADA POR ALGUNOS SIMPATIZANTES DE LOS ALZADOS EN ARMAS COMO TAPIA, DE GREGORI, SALOMON LERNER, GORRITI y otros; LOS TRAMITADORES A LA “CORTE”, LAS ONG`S REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TERRORISTAS (“APRODEH” ENTRE OTRAS) QUE SON FINANCIADAS POR LOS ESTADOS SOCIALISTAS DEL MUNDO DESARROLLADO QUE “APOYAN A LOS OPRIMIDOS DE LOS PUEBLOS EN VÍAS DE DESARROLLO” y en este juicio constituidos en parte civil; Y LOS MIEMBROS DEL “TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”, QUIENES HACIENDO MERITOS ANTE LA “CORTE”, PARA SERVIRLA Y SERVIRSE DE ELLA, TOMAN SU SENTENCIA A PIE JUNTILLAS; en consecuencia aquí está la explicación, se trata de una componenda cuyo origen y fin es el mismo, la gente (o entidad, u organización, o grupo humano, o mafia) que intervino en la comisión de la verdad, en forma directa o indirecta y elaboró los estudios y las conclusiones, es la misma que remitió a la corte internacional de derechos humanos las denuncias de las víctimas, es la misma que contribuyo a la elaboración de la sentencia de la corte, es la misma que elaboró la sentencia del Tribunal Constitucional; esto lo sabe el tribunal San Martin; ahora, estos mismos pretenden obtener una sentencia de este tribunal. Lo que no se han percatado es que ya fueron desenmascarados ante el mundo, y desde luego sus argumentos han devenido en inválidos.
    No olvidemos que el caso del terrorismo en el Perú, fue calificado por los expertos del mundo en este tema, además de “sanguinario”, “letal”, etc, de “atípico”, cosa que llevó al “estadista”, en este caso Fujimori, a tomar medidas en el mismo sentido; es por ello la elaboración de una legislación específica (leyes antiterroristas), que fueron desde las más drásticas como los tribunales militares –hoy implementados por Busch en los EEUU- hasta las más benignas como la ley de arrepentimiento, pasando por los “tribunales sin rostro” instituidos para proteger la identidad y por ende la vida de los magistrados que sentenciaban a los terroristas (algunos presentes en el tribunal); en el otro frente del conflicto armado, también se dio la ley de amnistía para los militares que cometieron excesos. Pero evidentemente, el contexto y estos temas a la corte internacional, Tribunal Constitucional y comisión de la verdad poco o nada le puede interesar puesto que ni lo incluyeron en su análisis, no lo valoraron y por el contrario hicieron cuerpo común con las supuestas víctimas; en consecuencia ¿qué valor jurídico puede tener un pronunciamiento de un “ente” de esta naturaleza?, obviamente ninguno.

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