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Última sesión de presentación de pruebas por parte del Ministerio Público

November 13th, 2008 · 1 Comment

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(Fiscal Avelino Guillén. Foto: La República

10 de noviembre de 2008

Centésimo décimo octava sesión.-  El Ministerio Público culminó en esta sesión la presentación de pruebas para demostrar su acusación: la autoría mediata de Fujimori en los crímenes cometidos por el Destacamento Colina, así como los secuestros del periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen y el empresario Samuel Dyer Ampudia.

Medios probatorios presentados:

1.     Siete Sentencias del Tribunal Constitucional entre los años 2004 y 2007.-

1.1.    Cuatro sentencias respecto a procesos de hábeas corpus interpuestas por los militares acusados de integrar del Destacamento Colina: Juan Norberto Rivero Lazo, Julio Salazar Monroe, Máximo Cáceda Pedemonte y Gabriel Vera Navarrete.

1.2.    Dos respecto a procesos de amparo interpuestas por Santiago Martin Rivas.

1.3.    Una sentencia sobre el proceso de amparo interpuesta por Julio Salazar Monroe. En esta sentencia el Tribunal manifestó que: “que la obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declaradas en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo comprende la nulidad de aquellos procesos donde se hubiesen aplicado las leyes de amnistía N.º 26479 y N.º 26492, tras haberse declarado que dichas leyes no tienen efectos jurídicos, sino también toda práctica destinada a impedir la investigación y sanción por la violación de los derechos a la vida e integridad personal, entre las cuales se encuentran las resoluciones de sobreseimiento definitivo como las que se dictaron a favor del recurrente.” (párrafo 32 de la referida sentencia)

Estos procesos constitucionales fueron iniciados por los procesados por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, debido a que buscaban archivar sus procesos penales con el argumento de que ya se les había sentenciado en el fuero militar; sin embargo, el TC  no concedió la libertad de los acusados, sino que inclusive se manifestó sobre la nulidad de las leyes de amnistía. Cabe recordar, que de acuerdo al mandato constitucional y a la legislación peruana, el Tribunal Constitucional es el Supremo Interprete de la Constitución (Artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), por lo que la interpretación que haga el Tribunal Constitucional.

Según el representante del Ministerio Público el objetivo del Destacamento Colina “era eliminar personas, por eso es que el Tribunal Constitucional señaló que no se puede cobijar leyes de amnistía a violaciones a los derechos humanos”.

2.         Tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los crímenes de  casos Barrios Altos y La Cantuta, en las cuales la CORTE halló responsable al Estado peruano.

Al respecto, el fiscal Guillén manifestó que el fallo del crimen de La Cantuta de 29 de noviembre de 2006, la CORTE estableció que Colina fue un Destacamento adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que operó con conocimiento de Fujimori y el Comando del Ejército y que este destacamento cumplió una política de Estado, con en el objetivo de identificación, control y eliminación de supuestos terroristas y personas contrarias al régimen de Fujimori.

Cabe mencionar, que en esta sentencia la CORTE consideró que “El aparato del poder estatal fue indebidamente utilizado para cometer crímenes de Estado (en una chocante distorsión de los fines del Estado), constituyendo violaciones inadmisibles del jus cogens, y para después encubrir dichos crímenes y mantener sus agentes, perpetradores de los mismos, en la impunidad, y los familiares de las víctimas (también victimados) en la más completa desolación y desesperación, – en casos como los de La Cantuta y de Barrios Altos, en que los crímenes contra los derechos humanos fueron perpetrados en el marco de una comprobada práctica criminal del Estado” (párrafo58 de la sentencia).

3.         Sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima contra Julio Salazar Monroe.

Cuestionamientos de la defensa de Fujimori.-

Sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, la defensa de Fujimori, asumida en esta sesión por la abogada Gladys Vallejo Santa María, manifestó que estas no pueden ser tomadas en cuenta pues tienen una motivación política, que es la de que Fujimori no se presentara en como candidato a las elecciones presidenciales.

Respecto a las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana, la abogada Vallejo Santa María, indicó que el Estado se allanó ilegalmente, que las sentencias de este tribunal internacional no tienen carácter vinculante, adicionalmente que en ellas, no se sancionó personalmente a su defendido sino al Estado peruano.

Además, cuestionó que en ellas se haya utilizado como fuente el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que, dijo, no es un informe eminentemente jurídico.

Presentación de pruebas por parte de los abogados de la parte civil (abogados de los familiares de las víctimas).-

Posteriormente, el abogado de la parte civil, Carlos Rivera Paz, inició la incorporación de pruebas al debate con la presentación de temas del Informe Final de la CVR. A su pedido, se oralizaron algunos párrafos de su contenido.

Próxima sesión.- 

La próxima sesión se realizará el miércoles 12 de noviembre, en la cual los abogados de la parte civil  deberán presentar los medios probatorios que consideren pertinentes para su lectura. 

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