Fujimori on Trial :: Fujimori procesado

5 de noviembre de 2008

Centésimo décimo sexta sesión.-  El Fiscal Avelino Guillén Jáuregui, representante del  Ministerio Público, presentó más pruebas para ser debatidas. En esta ocasión presentó las leyes conocidas como “Ley Cantuta” y “Ley de Amnistía”, de igual modo presentó documentos para probar el pago a los ex agentes de Colina (cuando estaban cumpliendo la condena dada por el fuero militar) y para demostrar la persecución contra Máximo San Román ex Vicepresidente del Perú.

Según la denuncia del Ministerio Público, las leyes presentadas como pruebas, se hicieron de acuerdo a una estrategia dirigida desde el gobierno, con el propósito de mantener la impunidad del Destacamento Militar Colina y de los militares y policías que habían cometido violaciones de derechos humanos; todo eso con el fin de proteger a Alberto Fujimori, quien estaba en la cúspide de la cadena de mando de las Fuerza Armadas, de las investigaciones y consecuentes sanciones por violaciones contra los derechos humanos.

Medios probatorios presentados:

1.     La Ley Nº 26291, conocida como la “Ley Cantuta”, aprobada la madrugada del 8 de febrero de 1994, mediante la cual el conflicto de competencia entre el fuero común y militar se resuelvería en la Corte Suprema con el voto favorable de sólo tres vocales, y no con cuatro, como decía hasta entonces la ley.

Cabe precisar que antes de esa fecha se habían dado los siguientes sucesos: 

1.1.                  El 18 de diciembre de 1993, el juez del fuero común ordenó la detención de los miembros del “Destacamento Colina”.

1.2.                  La justicia militar se opuso. Entonces le correspondía  definir la competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. 1.3.                  El 4 de febrero de 1994, se produjo discordia al votar 3 magistrados a favor del fuero militar y 2 a favor del fuero civil. Sin embargo, de acuerdo a Ley, el conflicto de competencia entre los fueros común y militar se debía resolver en la Corte Suprema con el voto favorable de cuatro vocales.1.4.                  Esta discordia debía ser resuelta llamando a decidir a los Magistrados Consejeros de la Corte Suprema del Poder Judicial. La trayectoria de los magistrados a ser llamados permitía prever que su voto sería a favor del fuero común. 1.5.                  El 7 de febrero de 1993, el congresista fujimorista, Julio Chu Meriz, presentó un proyecto de ley proponiendo que el conflicto de competencia entre los fueros común y militar se resuelva en la Corte Suprema con el voto favorable de sólo tres vocales (y no con cuatro) y mediante votación secreta.

1.6.       En la madrugada del 8 de febrero, sin dictámenes de comisiones y otorgando a la norma aplicación inmediata, el Congreso aprobó la Ley Nº 26291, la cual fue firmada al día siguiente por Fujimori y publicada el 10 de febrero. Según el Fiscal Guillén Jáuregui, esta ley tenía como objetivo que el crimen de La Cantuta no sea procesado en el Poder Judicial, sino en el fuero militar. 2.       Ley Nº 26479, conocida como la “Ley de Amnistía”.-  aprobada (inmediatamente después de ser aceptada) a primeras horas de la mañana del 14 de junio de 1995. Esta ley exoneró de responsabilidad penal  y archivó los expedientes judiciales de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y civiles denunciados, investigados, o condenados por violaciones contra los derechos humanos. De igual manera, Guillén Jáuregui recordó la decisión del 16 de junio de 1995 de la jueza Antonia Saquicuray, quien entonces investigaba la denuncia contra militares implicados en el crimen de Barrios Altos, en la cual resolvió que esta ley: “no era de aplicación en los procesos pendientes de resolver en su despacho”. Consecuencia de esta decisión, el Congreso aprobó Ley la Nº 26492, en la que se estableció que la por la cual precisaba que la “Ley de Amnistía” no era revisable en sede judicial (violando así la potestad de ejercer el control difuso del Poder Judicial).Según el Fiscal esta ley fue hecha para amnistiar,  y así beneficiar a los militares condenados en el fuero militar por el caso La Cantuta, de acuerdo a las negociaciones de los jefes militares con los autores materiales de esa matanza. Además, según Guillén, esta ley busco el beneficio de Fujimori ante posibles incriminaciones por los crímenes de hechos Barrios Altos y La Cantuta, dado que la Ley estableció también  el archivo definitivo de toda investigación, contra militares, policías o civiles: “Esta, fue una Ley de autoamnistía que promulgó el propio Fujimori para beneficiarse él”. 3.       Pruebas para demostrar pagos realizados a miembros del Destacamento Colina.-  cuando estos se encontraban en prisión (en instalaciones militares) a raíz del proceso penal por el crimen de La Cantuta en el fuero militar.

4.       Documentos para probar actos de persecución contra Máximo San Román Cáceres,  ex vicepresidente de la República, debido a una denuncia que hizo contra militares por violación de derechos humanos. 

Opinión de los abogados de la parte civil (abogados de los familiares de las víctimas).-

Carlos Rivera Paz y Ronald Gamarra Herrera, abogados de los familiares de las víctimas, respaldaron la eficacia probatoria que les atribuyó el fiscal: “la Ley Cantuta y las Leyes de Amnistía son expresiones de la política de ‘doble vía’ para combatir la subversión”.  

Cuestionamiento de la defensa de Fujimori.-

Los abogados de Fujimori manifestaron que las citadas leyes (Ley Cantuta y Ley de Amnistía) fueron actos del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Además, estas leyes fueron una “solución política”, dado que su contraparte fue la Ley de Arrepentimiento, aprobada en 1993.

Incidentes alrededor del proceso penal.-

Llaman a Fujimori a dar testimonio en proceso contra Montesinos.-

Alberto Fujimori fue citado formalmente por la Segunda Sala Anticorrupción para testificar el 10 de noviembre de este año, en el proceso penal que se le sigue a Vladimiro Montesinos Torres, su ex asesor de inteligencia, por la llamada “Marcha de los Cuatros Suyos“, con el propósito que informe sobre los hechos de esta marcha, hechos que terminaron con el incendio de la sede de un Banco en la ciudad de Lima y  con la muerte de seis personas.

Según Carlos Ramos Heredia, fiscal de este proceso: “Lo que tiene que decir Fujimori es importante porque tiene que aclarar quién dio la orden para que las fuerzas policiales se retirarán y permitieran que los vándalos destruyeran e incendiarán locales institucionales”. Cabe señalar, que de acuerdo al dictamen fiscal en este caso, Montesinos Torres organizó y aplicó un plan para infiltrar personas en la marcha de protesta, con el propósito que ocasionen actos violentos y de esta manera desprestigiar al movimiento de rechazo la tercera reelección de Alberto Fujimori.

Al respecto, el fiscal manifestó que el tribunal se trasladaría de este proceso penal, podría trasladarse hasta la celda de Fujimori, debido a que Fujimori no puede salir del penal donde se le procesa, y recoger su testimonio en horas de la tarde. Cabe recordar que, las sesiones de audiencia del proceso penal contra Fujimori se realizan los días lunes, miércoles y viernes, en horas de la mañana.

Sin embargo, el abogado de Fujimori ha afirmado que éste no brindará su testimonio, dado que sólo tiene el deber de declarar en los casos por los que fue extraditado. Además, el abogado argumentó que esta negativa se hace también como previsión a posibles complicaciones en la salud de Fujimori: “No vamos a aceptar ningún requerimiento para que acuda como testigo y con mayor razón porque los médicos, si bien tienen controlado la salud de Fujimori, siempre piden que el esfuerzo intelectual sea gradual en su propio juicio”.

Guillén no busca polemizar con el fuero militar.-

En días pasados, Juan Pablo Ramos Espinoza, general EP y Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, le demandó a Guillén una rectificación, esto debido a las declaraciones de las dos sesiones pasadas, sobre la supuesta simulación de los procesos penales por parte del fuero militar.  

Sin embargo, la respuesta de Guillén Jáuregui a Ramos Espinoza, fue que el Ministerio Público “no busca polemizar con los magistrados del Consejo Supremo de Justicia Militar”, y que sus declaraciones se basan en la sentencia de enero de 2003 de la Corte Suprema de Justicia, que condenó a  los jueces militares Oscar Granthon Stagnaro, Miguel Ernesto Montalbán Avendaño, y al fiscal militar Raúl Talledo Valdivieso, por delito de encubrimiento personal y asociación ilícita para delinquir debido al proceso penal en el fuero militar del crimen de La Cantuta. 

Críticas internacionales sobre demora en el proceso penal contra Fujimori

Alirio Uribe Muñoz,  de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), manifestó su preocupación por el aplazamiento, hasta el próximo año, de la conclusión del proceso penal contra Fujimori.  Próxima sesión.- 

La próxima sesión se realizará el viernes 7 de noviembre, se espera que el Ministerio Público termine con la presentación de pruebas el próximo viernes. Posteriormente, los abogados de la parte civil presentarán las pruebas que consideren pertinentes.