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Continúa presentación de pruebas por parte de la Fiscalía

November 2nd, 2008 · No Comments

31 de octubre de 2008

Centésimo décimo cuarta sesión.- La Fiscalía continuó presentando documentos para demostrar la responsabilidad mediata de Fujimori de los crímenes perpetrados por el Destacamento Colina. En esta sesión buscó demostrar el intento de impunidad del crimen de La Cantuta.

1. Proceso penal contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos.-

 

El Ministerio Público, por intermedio del Fiscal Supremo Adjunto, Avelino Guillén Jáuregui, presentó un paquete de pruebas para demostrar el intento de impunidad del crimen de La Cantuta  por parte de Alberto Fujimori, crimen perpetrado por el Destacamento Militar Colina en julio de 1992. Para lo cual el Fiscal presentó un paquete de 11 pruebas, entre ellas:

 

1.     Sentencias dictadas por la Sala de Guerra y el Consejo Supremo de Justicia Militar (Fuero Militar), en primera y segunda instancia, respectivamente.

2.     Proyectos de resolución

3.     Oficios

4.     Extractos del libro Ojo por Ojo, del periodista Umberto Jara Flores.

1.     Sentencias del Fuero Militar.-

Según el Ministerio Público, “el proceso en el Fuero Privativo Militar fue un acto simulado, montado, para evitar se profundicen las investigaciones y se conozca a quienes ordenaron la aplicación de la estrategia de guerra sucia”. Es decir, estas sentencias permiten demostrar la estrategia de impunidad aplicada desde el Fuero Privativo Militar y su conexión con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dado que según la Fiscalía, en este proceso las resoluciones fueron dictadas en el SIN.

Además, en el Fuero Militar se habría investigado al Destacamento Colina como un grupo aislado y fuera de la estructura del Ejército, y no como un Destacamento dentro de la estructura orgánica del Ejército Peruano y dependiente del SIN. Por esto, no se solicitó información al SIN ni a algún órgano de inteligencia del Ejército Peruano – Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) o Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)- a pesar que existían documentos oficiales suscritos por Juan Norberto Rivero Lazo (entonces director de la DINTE), que autorizaban la conformación de ese destacamento militar y la respectiva entrega de armamento al destacamento.

Adicionalmente, según el Ministerio Público el fuero militar realizó una “simulación” de investigación sobre este crimen (la investigación tan solo duró un promedio de 72 horas), y sólo se sentenció a los autores materiales de los asesinatos (calificándolos como militares “desviados” y “desvinculados del Ejército”), siendo  en realidad un intento para impedir revelar la responsabilidad de Vladimiero Montesinos Torres (ex asesor presidencial), de Nicolás de Bari Hermoza Ríos (entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas) y de Alberto Fujimori.

Por último, luego de esta sentencia, se promulgó la ley de amnistía (julio de 1994), la cual liberó a los militares sentenciados por violaciones contra los derechos humanos.

Cuestionamientos  de la defensa de Fujimori

 

El abogado de Fujimori, César Nakazaki (quien no había estado presente en la audiencia por cuatro sesiones consecutivas), realizó cuestionamientos respecto a las pruebas presentadas:

 

1.              Sobre las sentencias del Fuero Militar, manifestó que éstas prueban que existió una condena de la justicia militar, y no prueban que se buscó la protección de Alberto Fujimori. Además, según el abogado de Fujimori, los ex agentes del Destacamento Colina que han dado su testimonio en esta audiencia, sólo han manifestado que la orden de perpetrar los crímenes sólo las dio Santiago Martin Rivas, y que en ningún momento han manifestado que la orden para perpetrar este crimen la haya dado Fujimori.

 

Sin embargo, cabe recordar que la acusación Fiscal establece a Fujimori como autor mediato y no como autor directo de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta; en este sentido, si se han dado en esta audiencia el testimonios de un ex agente del Destacamento Militar Colina, como el testimonio de Julio Chuqui Aguirre, que han manifestado que Martin Rivas daba cuenta del accionar del Destacamento Colina a sus superiores y que sus superiores le informaban al respecto a Fujimori.

 

2. Sobre los oficios, proyectos de resoluciones así como diversos documentos  encontrados en una computadora del SIN, el abogado Nakazaki manifestó que sólo son transcripciones presentadas ante el Congreso de la República por Rafael Merino Bartet, ex asesor político del SIN, y que de acuerdo a la jurisprudencia (sentencias judiciales) y doctrina internacional no constituyen prueba documental tan sólo son “apoyos auxiliares, por lo tanto no tienen valor probatorio”

 

2.-Incidentes alrededor del Proceso Penal.-

 

Congresistas Fujimoristas y Apristas citan a ex comisionados de la CVR

 

Por tercera vez consecutiva en el mes de octubre, los integrantes de la Comisión de defensa del Congreso de La República, citaron a los ex comisionados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

 

Entre los congresistas que reiteraron esta citación figuran el congresista Edgar Núñez del APRA (quien presentó la última propuesta de Amnistía para los militares procesados por violaciones a los derechos humanos) y las congresistas fujimoristas Martha Moyano y Cecilia Chacón (hija del militar Walter Chacón Málaga, quien actualmente es procesado por corrupción y ayuda a la re reelección de Fujimori).

 

Esta citación, según explicaron los congresistas, es para que los ex comisionados expliquen que metodología se usó para calcular el número de víctimas de la violencia y como se usaron los fondos de la CVR.

 

Sin embargo, ya el 27 de octubre, Salomón Lerner Febres, ex presidente de la CVR, respondió a esta citación, indicando que la CVR fue desactivada hace más de cinco años y que toda su información es pública y se encuentra en la página web de la desactivada comisión www.cverdad.org.pe.

 

Cabe señalar que según el Informe Final de la CVR, en el gobierno de Alberto Fujimori, se organizó una estructura estatal que controló los poderes del Estado, así como otras dependencias claves, y utilizó procedimientos formales/legales para asegurar impunidad para actos violatorios de los derechos humanos.

 

3.- Próxima sesión.- 

 

La próxima sesión se realizará el lunes 3 de noviembre.

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