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-CONTEXTO- Recordando La Cantuta

August 5th, 2008 · No Comments

Recordando La Cantuta

Exactamente 16 años después de su muerte, los restos de los estudiantes y el profesor de la universidad La Cantuta,  fueron enterrados. El velorio y el funeral, se dieron el 18 y el  19 de julio de este año en el Cementerio El Ángel, en la ciudad de Lima.

peru21-cantuta.jpg Las víctimas fueron enterradas inicialmente en el año 1994, después de que miembros de la Policía Nacional del Perú, entregaron a los familiares en cajas de cartón, los restos de las víctimas sin identificar, los restos entregados estaban  mezclados con la basura que se encontró en las fosas clandestinas”.

En el 2002, los restos fueron desenterrados y enviados a Francia para realizarles los análisis forenses correspondientes, para su debida identificación. Sin embargo, sólo se pudo identificar cuatro de las 10 víctimas. Después de estas investigaciones, la Vocal Inés Villa Bonilla ordenó el 27 de junio de este año, que los restos sean entregados nuevamente a sus familiares.

Según ex agentes del Destacamento Militar Colina, este crimen fue cometido en represalia por el terrible atentado de la calle Tarata; sin embargo, a la fecha pese a las exhaustivas investigaciones de la prensa y de las mismas Fuerza Armadas, no se ha podido comprobar nexo alguno entre los estudiantes y el profesor asesinados y su supuesta participación en el crimen de la Calle Tarata.

La Masacre de La Cantuta es uno de los casos por los cuales el ex presidente Alberto Fujimori está siendo procesado, la acusación fiscal sostiene que él fue el autor mediato de los crímenes cometidos por el destacamento militar, conocido como “Colina”. (ver el dictamen fiscal)

Pero no es la primera vez que se ha llevado este caso a los tribunales. Desde que se conoció este crimen, se han realizado investigaciones y  han habido diversos esfuerzos en búsqueda de justicia.

Tribunal militar y ley de amnistía

En diciembre 1992, cinco meses después de esta masacre (y un año después del crimen de Barrios Altos), la revista peruana publicó un artículo en el que denunciaba que quienes habían cometido los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, eran miembros del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). En abril 1993, el entonces congresista Henry Pease declaró que había recibido una carta confirmando esta información.

El mes siguiente, el general peruano Rodolfo Robles Espinosa “acusaba a los mandos del Ejército y al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres, de mantener un comando operativo responsable de crímenes de lesa humanidad, entre ellos los ocurridos en “Barrios Altos” y “La Cantuta” (CVR, p. 238). Como consecuencia, el general Robles fue procesado por Traición a la Patria y a las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, un mapa entregado al periodista Ricardo Uceda, de la revista , este mapa indicaba el lugar donde se habían enterrado los cuerpos de las víctimas de La Cantuta. El New York Times reportó el 13 de agosto del 1993:

“Cuando el señor Uceda hizo un pedido formal para que el gobierno investigara los huesos que se encontraron en Cieneguilla, encontró que los oficiales no estaban muy entusiastas para descubrir lo que había pasado. La Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, rechazó cualquier apoyo de expertos extranjeros en mapeo genético, argumentando que la ley prohibía la intervención de extranjeros en casos de homicidio”.

La congresista fujimorista Martha Chávez, quien previamente había dicho que los desaparecidos se habían autosecuestrado, puesto que no se habían encontrado sus cuerpos, acusó en ese momento al periodista Uceda, por supuesta interferencia ilegal en la administración de justicia (CVR, p. 239). Al excavar, se encontraron restos humanos junto con tela y varias llaves, cada una de estas llaves pertenecía a las víctimas.

Estos hechos generaron una denuncia e investigación judicial, pero una Ley, conocida luego como la “Ley Cantuta”, del el 10 de febrero 1994, derivó el caso al fuero militar, y no como debía ser, al fuero civil. El 21 de febrero, el tribunal militar sentenció a los líderes de Colina — los mayores Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara — junto con el general Juan Rivero Lazo (director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, o DINTE), el coronel Federico Navarro Pérez (Jefe del Frente Interno en la DINTE) y  a cuatro agentes de inteligencia: Juan Supo Sánchez, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, y Nelson Carvajal García.  

Ese mismo mes, el New York Times informó que “con esta sentencia, el presidente Fujimori busca limpiar las denuncias contra su gobierno sobre violaciones a los derechos humanos, particularmente en un esfuerzo por persuadir a Washington, para que le otorgue millones de dólares en ayuda económica, que habían sido retenidos debido al caso Cantuta” (22 feb. 1994).

El tribunal militar intentó juzgar también a Vladimiro Montesinos, junto con el entonces Comandante General del Ejército Nicolás de Bari Hermoza Ríos y el General de División Luis Pérez Documet, pero la acusación se disolvió meses después, en agosto de 1994.

Posteriormente, en 1995, se dio amnistía a los condenados por el caso La Cantuta. El Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, en su informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en Perú, 1996, describió el caso:

En 1995, mediante una Ley se dio amnistía judicial a personas comprometidas en  violaciones a los derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo, desde a  mayo de 1980 a junio de 1995. En el momento que un tribunal del fuero común, presidido por la jueza Antonia Saquicuray, declaró inaplicable la Ley de Amnistía por inconstitucional, el Congreso, inmediatamente, aprobó una segunda ley de bloquear cualquier revisión judicial de la constitucionalidad de la ley. Posteriormente, un tribunal superior revocó la decisión Saquicuray. Por lo que, los acusados por los asesinatos de La Cantuta, fueron  puestos en libertad.

 (Familiares de las víctimas de La Cantuta. Foto: Praxis, 2008) 

   

En marzo de 1996, 10 días después de que Mariela Barreto, una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) e integrante del Destacamento Colina, confesó que había sido ella, quien filtró el mapa a la prensa, fue asesinada, y su cuerpo fue encontrado decapitado y con signos de tortura.  Sobre este caso, el general Juan Rivero Lazo, dio su testimonio en el año 2001, donde manifestó que fue Vladimiro Montesinos, quien ordenó su asesinato. Además, Mariela Barreto y Santiago Martin Rivas (presunto líder del Destacamento Colina), tenían un hijo en común, nacido en 1994.

Proceso de la Cantuta en otros fueros

Debido a la controversia sobre el proceso penal seguido en 1994, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictaminó en noviembre de 2006 que estaba “reconocido y probado” que la planificación y ejecución extrajudicial de las víctimas de La Cantuta por el Grupo Colina “no habrían podido perpetrarse sin el conocimiento y órdenes superiores de las más altas esferas del poder ejecutivo y de las fuerzas militares y de inteligencia de ese entonces, específicamente de las jefaturas de inteligencia y del mismo Presidente de la República.” (párrafo 96)

Adicionalmente, el Estado peruano aceptó en relación al crimen de La Cantuta, la existencia del “Grupo Colina”, la vulneración de las garantías judiciales y de la protección judicial de las víctimas, la presencia y control militar en la zona del recinto universitario de La Cantuta el día de los hechos,  la actuación del Fuero Militar y la promulgación de las leyes de amnistía por parte del Poder Ejecutivo.(párrafo 40)

Otro proceso por el caso de La Cantuta, estuvo a cargo del Poder Judicial del Perú, que dictó sentencia a nueve ex agentes del Destacamento Colina, dado en abril de 2008,  la sentencia dictaminó que el Destacamento Militar Colina, funcionó dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, y que Alberto Fujimori conoció los crímenes cometidos por este destacamento.

Importancia del entierro final

Según varios analistas, es de suma importancia para los familiares de las víctimas este entierro final. Al respecto, el director del diario peruano Perú21, Augusto Álvarez Rodrich, afirmó que La Cantuta es la importancia de:

En esencia, por un sentido de justicia elemental que, además, ayude a entender que los derechos humanos son parte fundamental de la construcción de una sociedad decente y digna, en la que produzca orgullo vivir (…) Esto no es un asunto de ideología, de izquierdas o de derechas, sino de respeto elemental al ser humano.

¿Por qué es importante recordar crímenes como el de la Calle Tarata o de La Cantuta?  ¿Recordar es una forma de justicia?

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