Después de cuatro años de lucha por la extradición de Alberto Fujimori Fujimori del Japón y de casi dos años a la espera de una decisión judicial positiva a su extradición del vecino país de Chile, el Estado peruano finalmente podrá juzgar a su ex presidente por cargos de graves violaciones a los derechos humanos, el inicio del juicio oral será el 10 de diciembre, el mismo día que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El 22 de septiembre de 2007, la corte Suprema de Chile aprobó el pedido de extradición de Fujimori, por 7 de las 13 acusaciones formuladas por el Estado peruano: cinco relacionados con la corrupción y dos sobre graves violaciones de derechos humanos. Fujimori sólo podrá ser juzgado por los casos aprobados en la sentencia de extradición, los que son:
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Barrios Altos y La Cantuta – Ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, en el vecindario de Barrios Altos y en la Universidad de la Cantuta.
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Sótanos del SIE – Torturas en el sótano de la sede del Sistema de Inteligencia del Ejército.
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Allanamiento – Entrada ilegal y usurpando funciones en casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos Torres.
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Congresistas tránsfugas – Pago de sobornos a opositores políticos para comprar su apoyo.
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15 millones – Ilegal Compensación por Tiempo de Servicio pagada a Montesinos.
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Tractores chinos y medios de comunicación – Compra ilegal al gobierno chino de tractores (mucho en mal estado) y pagos del gobierno para controlar los medios de comunicación.
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Desviación de fondos – Desviación de fondos de la caja de pensiones.
La sentencia por el caso de allanamiento a la casa de Trinidad Becerra será dictada el 11 de noviembre.
Después se iniciará el juicio oral por los casos de derechos humanos: Barrios Altos y La Cantuta, así como sótanos del SIE. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, presidida por César San Martín y conformada por Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, será la encargada de juzgar al ex presidente.
El Ministerio Público ha acusado mediante su dictamen a Alberto Fujimori de ser el “autor mediato” de los crímenes, lo que significa que él mismo llevó a cabo el plan y utilizó su poder para que otros los llevaran a cabo.
Previo a los juicios el contexto político se ha visto enrarecido con diversos acontecimientos relacionados a este proceso. El Presidente García Pérez expresó su opinión a favor de la libertad de Moises Wolfenson, personaje condenado para colaborar con el gobierno de Fujimori; así también el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Ley con carácter de urgencia, que de aprobarse permitiría la ausencia de Fujimori durante las audiencias públicas y evitaría también el careo con los diversos testigos, entre ellos Vladimiro Montesinos; sin embargo las personas a favor de la aprobación de esta ley niegan que sea para favorecer a Fujimori y que sólo busca acelerar los procesos penales.
De igual manera, el Presidente García anunció planes para publicar 1800 nombres de las personas excarceladas por delito de terrorismo el decenio de 1990, independientemente de si ha terminado su condena o se les liberó luego de haber sido injustamente encarcelados por comprobarse su inocencia. Este anuncio se dio luego de un ataque contra la policía en la selva, ataque supuestamente perpetrado por ex senderistas, la hipótesis del gobernante sería que ex senderistas están detrás de estos atentados que se mezclan con el narcotráfico. Sin embargo, no existe demanda alguna de la población por la publicación de esta lista, que ahora se ha ampliado a 3000 nombres.




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