Fujimori on Trial :: Fujimori procesado

Varios medios de comunicación en castellano, así como inglés, han acusado al ex presidente Alberto Fujimori de no tomar el proceso en su contra en serio, debido a su reciente comportamiento en la Sala donde se le acusa por asesinato, lesiones graves y secuestro. El fiscal José Peláez manifiesta que el acusado no presta atención a los testimonios y que su comportamiento refleja una “falta de respeto”. (Xinua, “Former Peruvian President accused of despising court.” 9 mayo 2008).

En varias ocasiones Fujimori se ha dormido durante la audiencia y también tuvo un ataque de risa que duró más de un minuto al escuchar un testimonio que señalaba que sus asistentes le espiaban por el ojo de una cerradura. La semana pasada, el 7 de mayo, un fotógrafo del periódico local Perú21 le descubrió planeando su vuelta al escenario político, como anteriormente mencionamos en el post del viernes último.

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Ilias Bantekas

Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Brunel

En un ambiente político donde la financiación internacional para el procesamiento penal se basa en el número de muertes, la proximidad entre Europa y América del Norte, así como la pertinencia de los locus delicti commissi a los  intereses geo-estratégicos de los Estados que financian, no es difícil conocer el por qué hay tan poco (como en este caso) interés por la financiación de las acciones penales nacionales, o la creación de tribunales penales internacionales para los casos de corrupción. Si bien es plausible asumir la existencia de crímenes internacionales de corrupción, debido a  que el tema es tratado en diferentes convenciones o tratados, dos convenciones mundiales y por lo menos tres de carácter regional. Esto hace que sea difícil identificar un núcleo común. Esto es así, a pesar que la corrupción está penalizada en la legislación interna de todos los Estados. Estos convenios vinculan a las partes, pero por lo general no prevén obligaciones ni derecho erga omnes,  tal que brindaría a los Estados parte el derecho a perseguir a otros Estados parte que intencionalmente no persiguen estos delitos.

Este autor ha sugerido anteriormente que, ciertos delitos de corrupción, en relación a su largo, o corto plazo, tienen consecuencias que debido a los efectos  sobre la población civil, claramente equivalen a crímenes de lesa humanidad. Diversos juristas también sostienen la tesis de que, la existencia de una norma sólida está fuera de toda duda, al menos en lo que se refiere a los elementos subjetivos y objetivos de la definición del tipo; habida cuenta de los elementos comunes de la corrupción en las citadas convenciones y la legislación interna de los distintos Estados.  Un elemento adicional de la definición habitual es el deber de enjuiciar los delitos de corrupción cometidos en el territorio de un Estado parte del foro. La definición habitual no incluye la obligación de perseguir los crímenes de corrupción cometidos en el extranjero, y para asumir el deber de cooperar con el Estado en el que la corrupción se llevó a cabo una investigación, se requiere de un tratado bilateral de extradición. Esto sería diferente, y sin duda los efectos de la corrupción serían distintos; si este delito fuera tipificado como un crimen de lesa humanidad o un equivalente, porque cambiaría la naturaleza del juzgamiento del delito, ya que el ámbito actual del delito de corrupción es estrecho, pero tendría un ámbito más amplio de competencia si se considerara como un delito de mayor gravedad. 

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